Poder político doblega al Poder Judicial

Una red de corrupción fue descubierta en los pasados días, por la extorsión que ejercían los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno sobre el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y muchos otros procesos más, donde el Ministerio de Gobierno era coadyuvante o parte querellante desde hace un tiempo.

Estos ilícitos cometidos por servidores públicos nos llaman a la reflexión para hacer un análisis profundo sobre algunos profesionales que trabajan en los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo, respecto al poder que tenían estos abogados para ejercer presión sobre algunos administradores y operadores de justicia que, por temor a que se les inicie proceso penal en contra suya, tenían que someterse a la voluntad de estos tenebrosos abogados.

La pregunta que toda la ciudadanía se hace es por qué los abogados del Ministerio de Gobierno eran parte en procesos entre particulares o en procesos donde está en riesgo la seguridad del Estado, siendo que en la Ley de la Procuraduría General del Estado, el Art. 2 Finalidad y Competencia.- señala que... “La Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica publica que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado boliviano. El ejercicio de las funciones se ejerce ‘por los servidores que señala la presente ley”.

Como se advierte, las actuaciones de los abogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi, se encontraban al margen de la ley, y su actuar no tenía fundamento legal alguno. La pregunta que nos hacemos como ciudadanos de a pie es que si en plena democracia somos víctimas del proceder de estos abogados, no me imagino qué hubiera pasado si estos mismos abogados estuvieran cumpliendo funciones en un Gobierno militar de facto, ¡Dios nos libre!, por la soberbia y ensañamiento con la que actuaban.

Esperemos que la denuncia realizada por el Ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero y las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público lleguen a su conclusión, llevando a estos ex funcionarios a un juicio oral, público y contradictorio, imponiéndoles la máxima condena, con el agravante de que al cometer los ilícitos mencionados eran servidores públicos y así sentar un escarmiento y precedente para aquellos profesionales que trabajan en la administración pública que pretendan convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

No está demás decir que estos hechos de corrupción ensombrecen la gestión del presidente Juan Evo Morales Aima.

El autor es abogado.