Oposición enviará cuestionario a ministros para que expliquen nexos con exasesores

La bancada de Diputados del Movimiento Sin Miedo (MSM) anunció que interpondrá una Petición de Informe Escrito con cien preguntas a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; Anticorrupción, Nardy Suxo y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para establecer su relación con la red de extorsión, argumentando que existiría negligencia o complicidad en el caso.

La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Mercela Revollo, informó que esta bancada decidió interpelar en la Asamblea Legislativa a los tres ministros, porque sus declaraciones del descubrimiento de esta red, no serían “convincentes”.

“Con más de cien preguntas pretendemos convocar a estos tres ministros para que a través de la Asamblea Plurinacional le expliquen al país y quede claramente establecido si su responsabilidad tiene que ver con negligencia, con complicidad, responsabilidad directa”, indicó.

El MSM consideró que el ministro Romero, luego de dar a conocer está red de extorsión que trabajaba al interior del Órgano Ejecutivo, no envió a las instancias judiciales correspondientes a los funcionarios acusados de este delito.

Igualmente, Revollo, señaló que las declaraciones del Ministro de la Presidencia, a cerca de la venta ilegal de su exfuncionario, no son aceptables.

Así también, se hizo referencia a la Ministra de Transparencia, Nardy Suxo, recordando que esta bancada opositora, habría indicado que Suxo: “No investiga nada, que su ministerio es un instrumento de persecución política y que ordenó todo este tiempo como jefa de los fiscales extorsionadores con el manido argumento de investigar supuestos casos de corrupción”.

Por los hechos de extorsión que se dio a conocer a en el mes de noviembre en los órganos Ejecutivo y Judicial, el MSM exigió al vicepresidente Álvaro García Linera, la inmediata convocatoria a sesión de la Asamblea.

El caso del estadounidense Jacob Ostreicher, quién está detenido hace dieciocho meses en la cárcel de Palmasola, derivó en el desbaratamiento de una red de extorsión en la que aparecen implicados funcionarios y asesores legales del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de extorsionar a varios detenidos en el país.