Municipios demandan inconstitucionalidad del proyecto de la Ley Financial

Santa Cruz (EL DIARIO y Agencias).- Una vez que se conoció la posición final del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para revertir los recursos que en seis meses no sean invertidos en seguridad ciudadana, Alcaldes y concejales de diferentes ciudades capitales del país determinaron presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Para el efecto, el Oficial Mayor de Administración y Finanzas de la Alcaldía Cruceña, Manuel Medina, informó que este viernes se reunirán en la ciudad de La Paz para tratar el tema del Proyecto de Ley Financial, y pasara a revisar la demanda de inconstitucionalidad de la cuestionada ley para su presentación en la ciudad de Sucre que está siendo elaborada por los abogados de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB).

Medina explicó y justificó que el Gobierno central estuvo transfiriendo recursos económicos adicionales, los cuales sería imposible de licitar, adjudicar y ejecutar en tan solo dos meses y en cumplimiento de la normatividad vigente.

En la gestión 2012, el Gobierno central incremento en 360 millones de bolivianos más, al presupuesto que inicialmente se había establecido, y de ese monto por lo menos 80 millones llegaron durante el último cuatrimestre, lo que imposibilitó su ejecución.

“Esta situación causará que los Gobiernos Municipales de todo el país una disminución en su avance presupuestario”, dijo.

En días anteriores, el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, afirmó que “hace unos días hemos recibido una asignación adicional de recursos, estamos hablando de 40 millones de bolivianos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se habla que en diciembre nos van a asignar más recursos. Si a uno le asignan más recursos, comprenderán ustedes que en tres semanas yo no puedo hacer el diseño, no puedo licitar, menos ejecutar una obra. Eso nos reduce los niveles de ejecución”.

En consecuencia, la adversidad desglosada con anterioridad justificaría la existencia de recursos de caja y banco no sólo del municipio paceño, sino de todas las alcaldías del país; sin embargo, esa situación es cuestionada por el Gobierno central.