El caso de corrupción en altas esferas del Gobierno ha causado estremecimiento en las más profundas fibras del alma de la población y, en su aspecto más importante, se evidenció una verdadera crisis estructural en el sistema judicial del país, el mismo que recién había sido reorganizado por vía de elección de magistrados, dictado de nuevas leyes, reestructuración de los altos mandos policiales y, ante todo, la oferta de poner fin a la ola de delincuencia en la jerarquía burocrática que maneja las riendas del país.
Es posible observar que ciertos grupos partidarios se habían filtrado en los niveles más importantes del aparato estatal con el fin de poner en práctica algunos utópicos planes políticos y paralelamente satisfacer intereses personales. Cumplido el objetivo de llegar al Gobierno y fracasado el proyecto de construir el “socialismo del Siglo XXI”, los flamantes burócratas se dedicaron exclusivamente y de lleno a la corrupción, amparándose en una gigantesca campaña de propaganda de luchar contra la corrupción.
Los corruptos, después que se apoderaron de cargos claves de los Órganos del Estado, decidieron garantizar sus tropelías formando redes omnipoderosas e impenetrables. Aún más, tomaron la decisión de garantizar sus actos delictivos dictando leyes y decretos y, al mismo tiempo, hacerse dueños del Poder Judicial, el mismo que, en caso necesario, les permita seguir en su ilícito accionar.
Tan poderoso aparato que tenía a su disposición mecanismos ejecutivos, legislativos y judiciales, amparado en la impunidad oficial, evidenció una crisis estructural del sistema judicial en el país, centrada en el Ministerio Público, por lo cual el Ministro de Gobierno manifestó: “Estamos casi ante una situación que se acerca al colapso del sistema judicial en Bolivia”, a lo que agregó que ese gelatinoso estado de cosas amerita “una profunda reestructuración”, ya que “se visibiliza una crisis profunda por los vínculos que existen”. (Diario oficial, 5 dic.)
Yendo aún más allá, dicho Ministro declaró que esperaba un “terremoto”, aunque sin especificar si éste estaría relacionado con el calendario maya o con las declaraciones del canciller Choquehuanca, quien hizo abstractos ofrecimientos para el próximo 21 de diciembre.
En todo caso, lo cierto es que al haberse destapado el asunto de Jacob Ostreicher se ha destapado la caja de Pandora o, más propiamente, ha reventado el puchichi (abceso), dejando al desnudo una cleptocracia, como no se había registrado en esa magnitud en la historia judicial del país. Es más, ahora es de esperar que no sólo caigan en las redes de la justicia los actores inmediatos de los espeluznantes delitos, sino también la limpieza llegue a las cabezas del aparato delictivo y, finalmente, se erradique la extendida ola de corrupción que en vez de disminuir se acrecentó en últimos años en proporciones verdaderamente alarmantes.
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