El retorno de los buitres

La presidenta Cristina Kirchner se ufana en decir que su país no pagará ni un centavo a los que llama “fondos buitres”, aquellos recursos que llegaron al país a comprar deuda argentina devaluada para cobrar su valor nominal más intereses en cuanto las condiciones financieras lo permitiesen. Los buitres estuvieron arrinconados desde 2001, cuando Argentina entró en quiebra y dejó de pagar a sus acreedores.

Tras largas negociaciones, en la mayor reestructuración financiera de la historia, Argentina consiguió reprogramar su deuda (unos 81.000 millones de dólares, más de seis veces todas las reservas monetarias bolivianas en el Banco Central) bajo condiciones que logró imponer a la mayor parte de sus acreedores. Los que aceptaron esas condiciones serían privilegiados: recibirían mucho menos de lo que originalmente fue contratado, pero algo recibirían. Una minoría (que representa 1.300 millones de dólares), no aceptó la reestructuración y mantuvo la exigencia de que sus recursos le sean devueltos tal como fue originalmente estipulado: sin descuentos y con los intereses pactados.

Esta situación, que parecía haberse consolidado, ha tenido un vuelco dramático. Ahora resulta que esos buitres no han hecho otra cosa que ganar terreno desde octubre, cuando la fragata argentina Libertad fue detenida en un puerto de Ghana por orden de un juez local que dio curso al pedido para retenerla por parte de uno de los acreedores (20 millones de dólares). Para insatisfacción de las autoridades argentinas, la fragata, un emblema de la armada argentina, sigue anclada y gran parte de la tripulación y pasajeros (entre ellos miembros de la Fuerza Naval de Bolivia, cuya bandera flameaba en la cubierta de la nave) ha retornado a sus bases.

Cuando Argentina se preparaba para pagar 3.100 millones de dólares de la deuda reestructurada, un juez neoyorquino emitió una decisión que sacudió los mercados que negocian fondos financieros argentinos y acentuó los temores de que el vecino país esté próximo a incurrir en una nueva cesación de pagos. El juez determinó que Argentina no podía pagar a los tenedores de bonos que aceptaron el plan de reestructuración e ignorar a los que lo rechazaron. Si quería cumplir con quienes lo aceptaron tenía que pagar la totalidad de lo que debía a quienes no aceptaron reducir el valor del compromiso original. Eso significaba un desembolso inmediato de 4.400 millones de dólares y la posibilidad de que los tenedores del segmento reestructurado de la deuda volvieran sobre sus pasos y reclamaran igual trato. Es decir, que se les pague sin la reducción acordada años atrás.

El plazo para que la orden del juez fuese cumplida iba a vencer antes el 15 de diciembre, pero Argentina ha apelado y ha sido ampliado hasta fines de febrero. Entretanto, podrá introducir recursos para ampliar su estrecho margen de maniobra. Los resultados y consecuencias de esta pugna son imprevisibles, pero es probable que la inquietud en los mercados financieros se acentúe en la medida en que el nuevo plazo se aproxime al final.

El enmarañado episodio debería ser observado con lupa desde Bolivia, que no está blindada para un eventual remezón financiero derivado del camino angosto que recorre Argentina para lidiar con sus acreedores. Bolivia no está en Marte y lo que ocurre fronteras afuera, mucho más si es en nuestro vecindario, nos interesa, aunque haya quienes pretendan que no es así.

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