Argentina tuvo varios reclamos para mostrar cifras reales sobre inflación

El Gobierno de Argentina lleva varios años recibiendo avisos para que adecúe sus cifras sobre la inflación a la realidad. En 2004, un prometedor profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires fundó el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda). Cuatro años después, su centro publicó un informe que decía: “Como es de público conocimiento, a partir de la intervención política del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en enero de 2007, las estadísticas oficiales han perdido toda credibilidad”. El profesor Axel Kicillof se fue incorporando en 2009 al ámbito del Gobierno hasta que en 2011 lo nombraron viceministro de Economía y desempeñó un papel clave en la expropiación de YPF a Repsol. A partir de ahí, jamás se le volvió a escuchar una palabra sobre la manipulación del índice de precios. Su centro de estudios dejó de publicar aquellos informes que hasta 2010 calculaban un índice de precios basado en los informes de siete provincias y cuya inflación anual casi siempre duplicaba a la oficial. Pero el problema de la credibilidad siguió aumentando, publicó El PAÍS.

En la actualidad, la inflación oficial no supera el 10% y la que ofrecen las consultoras privadas la sitúan alrededor del 25%. En 2011, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impuso multas de hasta 100.000 euros a las consultoras que publicaran los datos de inflación. Y entonces, los diputados de la oposición comenzaron a difundir las cifras de las consultoras. “Como estamos amparados legalmente, a nosotros no nos pueden multar”, explica el opositor Federico Pinedo.

El problema, como afirmaba el centro de Kicillof, comenzó en 2007. En aquella época Marcela Almeyda era la encargada en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de elaborar un Índice de Precios al Consumidor Nacional, ya que el Indec sólo refleja los precios de la capital y la provincia de Buenos Aires. “Nosotros teníamos las pruebas concretas de la manipulación. Nos hacían modificar precios que no les satisfacían. El primer mes, en enero de 2007, se ignoraron aumentos en la medicina privada, en el sector turístico y en el precio de la lechuga. Después, todos los alimentos empezaron a tener un tope de aumentos. Otros compañeros y yo denunciamos la manipulación a mis superiores y después ante los fiscales. Hasta que en noviembre de 2007 hubo 13 despidos. A mí no me pudieron echar porque yo era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero me sacaron todas las tareas”.

Hasta el año pasado, el Gobierno consiguió que los salarios siempre fueran más altos que la inflación. Así, la inflación ha sido hasta ahora un elemento cuya importancia se pudo ningunear por parte del Gobierno. De los 200 discursos que la presidenta Fernández ha pronunciado este año apenas mencionó en una veintena de ocasiones la palabra inflación. Y casi siempre, para desmentir las cifras extraoficiales o afianzarse en su política de crecimiento.