Proyecto para Cachuela Esperanza promete desarrollo pero genera dudas

Los proyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y Rositas, al igual que la carretera por el medio del Tipnis prometen desarrollo a la región del Beni pero a la vez generará deudas, debido a los serios impactos ambientales que estos proyectos provocarán. Los informes de expertos denotan que más de 50 comunidades incluyendo Riberalta se verían afectadas, además de diversas especies de animales. El proyecto demanda una inversión de 250 millones de dólares. El oficialismo admite que el estudio de impacto aún no está concluido, sin embargo las tratativas con las empresas ya iniciaron.

Con motivo de la socialización de este proyecto en la región, el Gobierno realiza seminarios y cursos donde los expertos profesionales en el área, explican los alcances de la propuesta. El más reciente se realizó en Cochabamba, la anterior semana, organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Ceadesc). También participaron expertos de Perú y Brasil, que se sumaron a los de Bolivia.

El monto de inversión para consolidar el proyecto, asciende a 250 millones de dólares y una de las fuentes de financiamiento es uno de los bancos más grandes del mundo, Bandes.

Según el director de la fundación Puente Entre Culturas, Henjkan Laats, aunque no existen datos precisos, en marzo del 2009 se estimó que 15 pueblos de Riberalta se verían afectados por el impacto ambiental generado una vez concluida la obra. Tampoco existe un estudio claro acerca de lo que sucederá con las especies endémicas y en peligro tanto en la flora y la fauna.

De acuerdo con el investigador brasileño Guillerme Carvalho, los estudios de impacto ambiental del Ejecutivo, son “fallidos” ya que éstos sólo tienen datos de las áreas cercanas a la represa.

Por otro lado, afirma que Bolivia es un país que consume poca energía. La energía que producirá Cachuela Esperanza equivale al 80% de la que produce actualmente el país.

Asimismo, el asesor de comunicación del Ceadesc, Víctor Van Oeyen señala que los efectos dañinos, aparentemente fueron simulados por expertos de Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), que determinaron una afectación por el embalse de 600 km2, mientras que el estudio de Tecsult dice que serán 280. Se llega a afectar a 50 comunidades, poblaciones intermedias y ciudades, incluso Riberalta, que tiene 100.000 personas.

Con todos estos datos, los expertos coinciden que si bien, los departamentos de Beni y Pando, serán beneficiados con divisas y se promoverá el desarrollo, estos aspectos sólo quedarían en promesas, debido a la millonaria deuda que adquiriría el Estado con el Bandes.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico (Bandes), desembolsó, solamente el año pasado 100.000 millones de dólares. Según Carvalho, el Bandes “es el brazo operativo” del Brasil, para que los países vecinos a éste integren su infraestructura para ser más competitivo. “Por eso Bandes otorga créditos a empresas brasileñas para que se conviertan en transnacionales”, cita.

Cachuela Esperanza es una población de 1.600 habitantes. La región no cuenta con una señal telefónica adecuada y el año 1920, tuvo el hospital más moderno de Latinoamérica.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, afirmó que la propuesta gubernamental provocaría un “leve impacto ambiental” y que aún los estudios al respecto no están concluidos.

“Sólo hay que esperar los informes del Ministerio de Medio Ambiente, porque los estudios aún están en etapa de evaluación”, dijo.

De igual manera indicó que este proyecto hidroeléctrico beneficiará también a la Amazonía pandina que depende de la subvención de combustible para tener energía.

El periódico Sol de Pando, publicó esta semana que la empresa china Sinohydro Corporation, con la que el Gobiertno firmó un memorándum de entendimiento para agilizar el proyecto hidroeléctrico de la región, enfrenta 10 denuncias judiciales en el Ecuador, país donde la empresa china construye la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair ubicada en la región amazónica de la provincia Pichincha. Este medio de prensa cita como una de sus fuentes a un empresario contratista boliviano residente en Ecuador, quien además denunció que dicha entidad extranjera enfrenta otros cargos, delitos de peculado y uso fraudulento de los recursos que recibe del gobierno ecuatoriano. Aquella información fue corroborada en agosto pasado por el periódico El Comercio de Quito.