Alcaldía verificará estado de edificios que tengan 5 o más años de antigüedad

Los edificios construidos desde el año 2008, en el municipio de La Paz, serán fiscalizados y verificados por el Gobierno Municipal de La Paz, anunció ayer el alcalde Luis Revilla, luego de una reunión con los copropietarios del edificio El Alcázar del que se quebró un cimiento el pasado lunes poniendo en riesgo una estructura de 18 pisos y dos bloques.

El burgomaestre aseguró que “desde el próximo año, con la ayuda de ingenieros estructuralistas se procederá a la supervisión y fiscalización de los edificios que datan de hace cinco años o más”.

La determinación se efectuó frente a los problemas de desplome de un edifico en Miraflores y la preocupante situación del edificio El Alcázar, de la calle Federico Zuazo.

Se prevé que, por lo menos, se llegará a alrededor de 100 edificios que fueron construidos desde el 2008. “Se hará la revisión del estado de los edificios de La Paz y se darán recomendaciones para que puedan efectuar mantenimiento y asuman medidas preventivas”.

Según la Administración Territorial y Catastral de la Alcaldía, en el municipio existen alrededor de 50 mil edificaciones que no cuentan con la debida autorización catastral, de éstas, aproximadamente, un 30% son construcciones que se encuentran ubicadas en las zonas de Miraflores, Sopocachi y el centro paceño.

La empresa constructora Pro Urban para edificar el edificio Angélica María, en Miraflores, provocó el derrumbe de una vivienda de cinco plantas por efectuar movimientos de tierra no autorizados. Este hecho también afectó a siete viviendas y dejó a 22 familias perjudicadas, la mayoría anticresistas, que fueron evacuados por la Alcaldía.

A este caso, se sumó la consideración del caso del edifico El Alcázar y se concluyó que “es de urgencia inmediata el contar con una normativa que le permita al Gobierno Municipal fiscalizar y controlar construcciones”.

SITUACIÓN DE LOS COPROPIETARIOS

Los copropietarios del edificio El Alcázar piden a la empresa constructora Sadeco, más conocida como Ormachea, no sólo la ejecución de obras de estabilización que solucionen los daños en las seis columnas, sino trabajos integrales previa verificación del estado del resto del edificio.

“Hemos hablado de una solución integral. Para nosotros significa que no solamente se concrete a arreglar las columnas que hoy en día están dañadas, sino que inclusive se revisen las demás columnas, para ver si alguna otra columna también están en condiciones peligrosas”, dijo el abogado de los copropietarios, Javier Guachalla, el término de una nueva reunión realizada en la tarde de ayer.

En la misma participaron los abogados de Sadeco y ratificaron su voluntad de trabajar y coadyuvar en la inmediata ejecución de los trabajos de ingeniería para estabilizar este edificio. Esta posición fue expresada en esta reunión y a través de una carta que Diego Ormachea, en representación de la empresa Sadeco, envió al alcalde Luis Revilla.

“Por intermedio de la presente nota le ratifico nuestra plena voluntad de participar y coadyuvar al requerimiento suyo en la inmediata ejecución de los trabajos de ingeniería necesarios y suficientes para lograr la estabilización y definitiva consolidación de la emergencia suscitada en el edificio El Alcázar, ubicado en la calle Federico Zuazo de esta ciudad”, dice a la letra el primer párrafo de esta carta.

Asimismo, comunica que la empresa constructora contrató consultores externos para la medición y revisión del diseño final del edificio. Este trabajo se realizaría en coordinación con la Comisión Técnica que está integrada por el Gobierno Municipal y los profesionales de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

En este sentido, solicitan que se permita el ingreso de los integrantes de esta comisión al edificio El Alcázar, para iniciar las actividades necesarias.

Frente a ello, el abogado Guachalla destacó esta predisposición, toda vez que plantearon iniciar los trabajos a la brevedad posible, tanto los estudios como los trabajos de estabilización.

Por su parte, el copropietario Rogelio Mayta también subrayó la predisposición de la empresa para ejecutar las obras necesarias. Pero ratificó la posición del resto de los copropietarios, para tener una solución y trabajos de estabilización integral.

“Eso nos parece un paso importante, pero no es todo. De buenas voluntades está empedrado el camino al infierno, dicen y nosotros lo que necesitamos son acuerdos concretos, reflejados en documentos y trabajos realizados y concluidos, que permitan que alrededor de 200 familias puedan retornar a habitar al edificio El Alcázar, manifestó.

Añadió que las 174 familias que habitaban los dos bloques de este edificio están declarados en una vigilia permanente, obligados por las circunstancias y trabajando para encontrar una pronta solución a este problema.