Entre tozudez y sentido común

Si las predicciones son ciertas, este jueves marcará el inicio del “tiempo nuevo”, cuya esencia sería eso “del vivir bien” con que se buscó justificar el “proceso de cambio”. En otras palabras, habrá llegado la hora del sentido común en tiempos de tozudez. Y una primera señal tendría que ser el sinceramiento de quienes detentan poder con quienes se lo dieron, de buena fe. Porque son preocupantes los síntomas evidentes hoy, cuando parece que sólo las leyes naturales les marcan límites a algunos procesos políticos.

Desde el análisis racional, por ejemplo, cuesta aceptar como conducta natural el que el Gobierno recurra de manera sistemática al chantaje y la extorsión para ejecutar sus proyectos, como lo hicieron algunos de sus funcionarios de alto nivel para lograr objetivos de enriquecimiento personal. A menos, claro, que sea una suerte de competencia diaria consigo mismo para superar sus propios errores. Si eso es así, sería nada más que incompetencia absoluta para gobernar de manera eficiente y racional.

A ver. Aún antes de que la Iglesia católica y la Asamblea de Derechos Humanos denuncien las irregularidades que existieron en la consulta sobre el camino por el TIPNIS, se sabía ya que era sólo un ardid para legitimar un proyecto con alto nivel de rechazo. Tras la consulta, todo sigue igual. Persiste el rechazo en el TIPNIS y fuera de ese territorio. Igual que la advertencia de resistencia física a la construcción del camino. Pero ahora existe también un altísimo nivel de rechazo a la consulta como herramienta legal de ejercicio de poder porque puso en evidencia la forma en que se la utiliza en provecho propio. Y eso marca la calidad moral y ética del Gobierno.

Según la Iglesia y la Asamblea de Derechos Humanos, se intentó volcar la consulta en favor del camino en base a “obsequios a la comunidad, oferta de proyectos de desarrollo, mejoras en salud, educación, presión, intimidaciones y en algunos casos, represalias”.

Más contundente, Fernando Vargas, dirigente del TIPNIS, denunció que “han chantajeado a los indígenas con el tema de la intangibilidad. Les han dicho que no podían tocar absolutamente nada y si aceptaban los proyectos, se tenía que obligatoriamente anular la ley (180), que es la espina en el zapato del Gobierno”.

Se recurrió, pues, al chantaje y la extorsión para intentar romper la defensa indígena de su territorio. Es decir a imponerles, “les guste o no”, un camino. ¿Por qué se elude la explicación clara, transparente y con sustento técnico para convencer de la conveniencia de hacerlo?

La respuesta lógica a esa actitud se resume en desconfianza respecto al significado real o importancia estratégica del proyecto cuando se recurre a esas herramientas. Porque su costo visible, más allá de los más de 700 millones de dólares previstos, es un evidente daño al medioambiente, al ecosistema y la biodiversidad de algo más de un millón 200 mil hectáreas. Es el atropello a los derechos y la dignidad de sus 11.000 habitantes. E incluso la pérdida de banderas ideológicas y de imagen política, interna y externa del propio gobierno.

Es válido suponer, pues, que existen intereses poderosos que obligan a atropellar todo lo que se atropella. A menos que se trate de una conducta determinada, de un estilo de hacer política que prescinde del análisis racional, del interés común, de las leyes y de las instituciones y sobre todo de la ética y los principios, con tal de lograr sus objetivos. En cuyo caso serían síntomas de un gobierno enfermo, tal vez con un mal Terminal.

Con mayor razón aún cuando se insiste en utilizar esas herramientas cuando todavía no se esclareció de manera razonable y transparente el escándalo de chantaje y extorsión que involucra a altos funcionarios públicos, a jueces, fiscales, policías y quién sabe cuánta otra gente vinculada al Gobierno.

Más allá de que las explicaciones sirvan para mostrar que algo de cierto hay en eso de transitar hacia un “tiempo nuevo” en camino al “vivir bien”, tal vez le sirvan al gobierno para amortiguar la caída libre de su imagen, dentro y fuera del país. Porque ambos escándalos trascendieron fronteras hace mucho tiempo.