El secretario de Medio Ambiente de la Federación de Juntas vecinales (Fejuve), Ricardo Colque, aseguró que esta instancia se encuentra analizando la transferencia de recursos administrados por el Comité de Vigilancia.
De acuerdo con Colque, una comisión de dicha organización cívica estaría coordinando con los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la finalidad de definir la norma y la reglamentación de la misma.
“Si bien se ha dado a conocer que nuestra institución antes no estaba insertada en la norma, luego de realizar un proceso de negociación con los representantes de dicha instancia legislativa, se logró la inclusión. Pero la organización, como es el Comité de Vigilancia (CV), no está reconocida por la norma, por anularse con la actual Ley otras normas anteriores a ésta”, indicó el dirigente.
Con la Ley de Control Social, la Ley 1551 de Participación Popular, el Decreto Supremo 24447 Reglamentario a la Participación Popular, Ley 2028 de Municipalidades, Ley de Diálogo 2000, quedarían sin efecto al igual que las atribuciones del Comité de Vigilancia .
“Los recursos que antes eran manejados por el Comité de Vigilancia, ahora deben ser manejados por la Fejuve, por lo tanto dichos recursos no pueden trasladarse a otras organizaciones sociales, como el sector de Bartolinas Sisas, Federación de campesino entre otros deben conseguir sus propios recursos”, aclaró Colque.
La norma de Control Social, en sus atribuciones, define que los organismos tendrán injerencia directa en el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado, pronunciándose de manera vinculante para el inicio de procesos.
La normativa designa también otras funciones a las organizaciones sociales, entre ellas, el control de calidad de los servicios básicos, el control del manejo de recursos del Estado y otras labores, que según los sectores políticos de oposición requieren de expertos para desempeñarán estas funciones.
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