Opositores apostarán por reformulación de la Ley de Control Social en el Senado

La Ley de Participación y Control Social fue remitida al senado y los opositores afirman que se esforzarán por no permitir que la normativa se apruebe con las observaciones que se denunciaron en la Cámara Baja, respecto a las funciones excesivas que se otorgan a las organizaciones sociales, además de que será el Estado quien financiará las actividades de estos organismos. Agregaron que la adhesión de las juntas vecinales a la ley es utilizada por el MAS para distraer la atención de la población, respecto a las irregularidades ya mencionadas.

La senadora por Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzáles, expresó que la oposición debe ser responsable al debatir cada uno de los artículos de esta normativa para que ésta no se apruebe con las funciones aparentemente excesivas que se les otorga a las organizaciones sociales.

“Esta norma debe servir para definir las competencias de las organizaciones y de los legisladores, que también tienen competencia de fiscalizar”, dijo.

Para Gonzáles, podría existir un conflicto de competencias y la injerencia política en los organismos afines al Gobierno, podría ser una estrategia del Ejecutivo para “ocultar” la corrupción, la vulneración a los derechos humanos y políticos, entre otras cosas.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, explicó que todos los órganos del Estado tienen la responsabilidad de transparentar la información, los programas y proyectos para que el control social pueda ejercer la tarea de representación que le corresponde.

“Hay una cláusula en la que se establece que el control social no puede paralizar obras ni proyectos, no puede frenar las iniciativas de los órganos del Estado, salvo que haya por autoridad competente del Órgano Judicial, que demuestre que se ha cometido alguna irregularidad”, dijo.

Asimismo, aclaró que en los artículos 3 y 7de la norma, se incluyó a las juntas vecinales definiéndolos como actores del control social, por lo que no existiría razón para que éstas ejerzan presión sobre el Ejecutivo, aclaró.