Ministerio Público convoca a declarar a Llorenti y Rada por el caso extorsión

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que en los próximos días serán citados a declarar los exministros de Gobierno, Sacha Llorenti y Alfredo Rada, en el proceso de investigaciones sobre la red de corrupción y extorsión.

La autoridad de justicia recordó que ha decidido hacer un seguimiento al caso de la red de extorsionadores, de manera minuciosa, debido a que el problema ha salpicado a algunos ministerios y a la parte judicial.

Producto del problema hasta el momento se ha encarcelado a 12 personas, entre abogados, fiscales y jueces, involucrados en actos de corrupción y extorsión.

Entre las autoridades que también serán citadas para declarar está la ministra de Transparencia Nardi Suxo. Esta autoridad en una anterior oportunidad señaló que asistiría ante la comisión de fiscales, cuando así lo requiera esta instancia investigativa.

Guerrero indicó que la toma de declaraciones a los exministros tiene la finalidad de sumar nuevos aportes que ayuden en la etapa investigativa con miras a esclarecer el caso de extorsión y corrupción.

Todas las personas convocadas, dijo, prestarán sus declaraciones con fines investigativos, información que ayudará a la comisión de fiscales a tomar decisiones de acuerdo a los datos que proporcionen los declarantes.

En el momento no se desestima la convocatoria a otras personalidades, debido a que la red de extorsionadores habría llegado a personalidades de distintas instancias el ámbito político e inclusive a delincuentes comunes, quienes por el temor de ser denunciados y encarcelados, habrían entregado altas sumas de dinero a personas relacionadas con la red.

Alfredo Rada fue ministro en 2007 y 2009, dejó el cargo en mayo pasado, debido a que fue convocado por el canciller David Choquehuanca para que se haga cargo del Viceministerio de Gestión Institucional y Asuntos Consulares.

Entretanto Sacha Llorenti, ocupó el cargo de Ministro de Gobierno y su alejamiento de esa cartera de Estado fue por su presunta participación en la represión a los indígenas del Tipnis, en Chaparina, Beni. Tiempo después fue a ocupar el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).