Inutilidad de Asambleas Departamentales

El crecimiento del aparato burocrático del país, con motivo de las reformas constitucionales del año 2006, ha traído consigo la aparición de las llamadas Asambleas Legislativas Departamentales que pese a que ya funcionan dos años, no han producido algún resultado positivo y, en cambio, se han caracterizado por el gasto de grandes sumas de dinero, demandas de aumento de su presupuesto y exigencias de alza de salarios para sus integrantes.

Esas Asambleas funcionan sobre la base de frondosos aparatos de funcionarios, que se reúnen esporádicamente y lo más notable es que se limitan a considerar aspectos de mínima cuantía, sin llegar, además, que se sepa, a dictar disposiciones efectivas para sus jurisdicciones. Es más, al contrario de lo que ocurre entre todos los trabajadores del país, estos asambleístas se aumentan los altos salarios que disfrutan y que pasan de los 10 mil bolivianos al mes y, por si fuera poco, exigen reajustes periódicos, aduciendo que tienen “exceso de labores”. En fecha reciente, los asambleístas de Cochabamba se incrementaron el sueldo de 8 a 10 mil bolivianos con retroactividad a agosto pasado.

Se calcula que en todo el país, el número de funcionarios de las nueve asambleas en relativo funcionamiento llega a alrededor de 500, los mismos que demandan mayor presupuesto, mientras, por otro lado, no dan muestras de la utilidad y eficiencia con que se anunció cuando fueran creadas esas entidades.

Al respecto, la Asamblea Legislativa de La Paz ha hecho conocer que su presupuesto de la gestión del año 2012 sobrepasa los siete millones y medio de bolivianos, o sea más de un millón de dólares, de los cuales el 80 por ciento se reparte en servicios personales y el resto en gastos secundarios. Es más, de ese total se utiliza 400.000 bolivianos (50.000 dólares) para la elaboración de un Estatuto Autonómico, como si la redacción de ese documento fuese lo más difícil del mundo.

La Directiva de la Asamblea Legislativa de La Paz, por otro lado, gestionó un incremento del “techo” del presupuesto del 24 por ciento para el presente año, por lo que sumó 1.800.000 bolivianos más, significando en total presupuestario la suma de 9.763.000 bolivianos.

En dos años y medio de esa institución no se ha conocido los resultados efectivos de la labor “legislativa” de esos organismos de los gobiernos autónomos departamentales, independientes y separados del Órgano Ejecutivo. A lo más sesionan dos veces a la semana y algunas veces no pasan de sesiones de honor.

De otro lado, estas asambleas legislativas han preparado, salvo raras excepciones, proyectos de ley y alguna vez los han sancionado y promulgado y si se lo ha hecho fue sobre temas sin importancia y sin la debida difusión, pese a que disponen de dependencias de información, como la de La Paz, destinadas a difundir por medios digitales el programa de “Sumaq Kawsay”, que informó que la Asamblea sancionó 85 leyes departamentales, hizo 63 peticiones de informes escritos y 9 orales e inspecciones oculares.

Los escuetos informes de las actividades de las asambleas legislativas departamentales revelan notable ineficiencia e inutilidad y en general se puede indicar que se han constituido en organismos burocráticos innecesarios, que se limitan a gastar un presupuesto total, a nivel nacional, de alrededor de 10 millones de dólares al año, sin que se registren resultados objetivos.