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El turbión de denuncias y arrestos que esta vez arrincona a jueces y fiscales ha eclipsado parcialmente a una de las protagonistas del capítulo en desarr ollo. Rebeca Delgado, la presidenta de la Cámara de Diputados, se ha vuelto una navaja en el zapato de algunas autoridades y dirigentes de su partido. Tras haber ganado por puntos la pelea con el Ministro de Gobierno Carlos Romero en torno a la cuestión de ley de extinción de dominio sobre bienes mal habidos (que supuestamente iba a contrarrestar la corrupción, cuando la corrupción ya anegaba varios compartimientos del barco del gobierno), la legisladora cochabambina lanzó de nuevo el sombrero al cuadrilátero.
Dio un ultimátum para que hasta “mediados o fin de mes” las investigaciones abarquen niveles de mayor jerarquía y avancen al segundo y primer piso. Es probable que haya quienes no desean que el turbión se extienda más, pero sospecho que el ímpetu que lleva no tiene control y que pronto puede engullir a otras personalidades.
Coincidencia o no, las tareas policiales han arreciado estos días. Jacob Ostreicher ahora puede defenderse en libertad, lejos de Palmasola, ahora bautizado como uno de los penales más oprobiosos del mundo. Lo mismo ocurre con Dirk Schmidt, el alemán que decía que se jugaba la vida en defensa del presidente Morales y que incomprensiblemente acabó preso acusado de alzamiento armado por causa de armas de caza con las que practicaba incluso al lado de algunos de los agentes que lo detuvieron.
Estas personas, como muchas otras, incluidas las de una insuficientemente investigada “masacre” en Porvenir hasta otras arbitrariamente involucradas en el gastado “caso terrorismo”, han tenido sus vidas desarticuladas. Lo que han perdido es incuantificable, gran parte por culpa de moradores del primer y segundo piso del gobierno cuya identificación buscada por la legisladora Delgado puede resultar desagradable para los malhechores.
Es probable que los abogados presos hayan sido parte de la legión contratada por el gobierno del MAS para forzar la corrección de entuertos (“Legalicen ustedes. Para eso han estudiado”). La cuestión es que los neo-presos pueden haber sido piezas esenciales de una arquitectura encargada de dar apariencias de legalidad a actos que el gobierno consideraba políticamente necesarios para su confort interno y externo (el fin justifica los medios). Las tareas que tenían a su cargo eran indispensables en el diseño del “Socialismo del Siglo 21” que sus críticos dicen que se arropa de democracia con una justicia sumisa y dependiente que permite a los gobiernos que lo adoptan presentarse ante el mundo con un traje democrático falso.
No está claro si los que ahora están tras las rejas tendrán sustitutos ni cómo orientarán sus tareas los nuevos legionarios del singular sistema de justicia que habían instalado en Bolivia. En todo caso, tendrán ante sí una tremenda lección del tamaño de la eficiencia con la que manejen los asuntos a su cargo: pueden también acabar entre rejas.
RoboCop (1987) es un personaje de la ficción cibernética. Resurrección de un policía que en su versión humana tuvo una muerte cruel en manos de maleantes, se trata de un tenaz vigilante de la ley y terror de los delincuentes que no se interesa en medir consecuencias sino en cumplir su labor. Es plausible preguntarse si los afanes de la legisladora, cuyo nombre he alterado para simular el de la ficción, la llevarán a incluir en el ultimátum el esclarecimiento de la represión en Chaparina y otros casos sórdidos, o quiénes y dónde están los responsables de las empresas fallidas, creadas o asumidas por el estado.
Apasionada confesa de la cocina (lapping y costillar de cordero, con sabor cochabambino, claro), quién sabe si en su agenda de limpieza y su ultimátum incorpora no sólo fiscales y jueces corruptos.
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