El drama de la inseguridad ciudadana

El problema de la inseguridad ciudadana se ha convertido en un drama nacional y con un vertiginoso crecimiento en los últimos años. Se han formado pandillas delictivas con participación de elementos del hampa internacional, como peruanos, brasileños, colombianos y de otras nacionalidades, habiendo ingresado por nuestras fronteras, donde la vigilancia boliviana militar y policial es efímera.

Proliferan los atracos a bancos, cooperativas, joyerías y empresas comerciales, se roba en domicilios particulares, se asalta a transeúntes en calles, parques y plazas, hasta matando víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

Ni qué decir del incremento de raptos y secuestros a menores de edad y adolescentes. La trata de mujeres jóvenes para exigir recompensas económicas o explotarlas laboral o sexualmente dentro y fuera del país, según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDDE) en el mundo se ha constituido en un gran negocio.

Los datos estadísticos en Bolivia son sorprendentes y causan temor en la población y los padres de familia ya no saben cómo proteger a sus hijos. Los niños también son secuestrados y hasta vejados en sus centros educativos. Las violaciones muchas veces están seguidas de muerte violenta de las víctimas.

Las agresiones a personas, a la propiedad privada, los crímenes horrendos se han convertido en fenómenos antisociales con los que los habitantes, especialmente de las urbes del eje central del país, están obligados a convivir.

Las estafas para despojar de sus inmuebles a muchas personas proliferan, así como los “cuentos del tío”, los atracos en vehículos públicos, algunas veces con la complicidad de choferes. No queda al margen el robo de armamento de cuarteles y otras reparticiones militares, armas que son vendidas a los grupos del crimen organizado.

Para la seguridad ciudadana es urgente la transformación de la Policía Nacional. Se debe contar con una organización seria, técnicamente especializada, con mayor número de módulos policiales equipados con sistemas de comunicación para defender a barrios y establecimientos de educación pública y privada.

A la Policía Nacional se la debe despojar de toda influencia política partidaria que desfigura la función esencial de proteger a la sociedad y no sólo prevenir riesgos y peligros por delitos. Hoy los ciudadanos están expuestos ante delincuentes que parecen actuar con impunidad en barrios y zonas. Se delinque hasta desde las cárceles, pidiendo rescates económicos o dirigiendo a los malhechores.

Otro hecho lamentable pero evidente es que muchos fiscales y jueces son también responsables de liberar, inexplicablemente, a delincuentes, en componenda con elementos policiales. Pero más bien deberían endurecer las sanciones.