El pleno de la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Participación y Control Social, confirmaron el sábado fuentes del Legislativo a la agencia estatal de informaciones.
La norma, la primera de su especie en Bolivia, apunta a fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria y a consolidar la participación y control continuo de la gestión pública.
También a garantizar y promover la calidad de los servicios públicos a los Órganos del Estado, empresas e instituciones públicas y entidades territoriales autónomas.
Según una nota institucional, “la norma toma en cuenta como principales actores en la participación y control social a representaciones colectivas y organizaciones sociales orgánicamente conformadas, actores comunitarios que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por otra parte, a actores circunstanciales que se organizan para un fin determinado y, finalmente, a actores individuales, es decir, toda persona tendrá el derecho a ejercer la participación y control social de manera circunstancial”.
De acuerdo con el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS, oficialista)), Eugenio Rojas, la ley establece “una democracia más participativa y abierta”.
La ley en cuestión detalla que el control social se aplica a los cuatro órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, empresas e instituciones públicas, entidades privadas que prestan servicios públicos y entidades territoriales autónomas.
Organizaciones de juntas vecinales, comités de vigilancia y federaciones han manifestado su preocupación por no haber sido parte del proceso de elaboración de la norma con el Gobierno.
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