Romero: no se otorgaron poderes para que vayan a extorsionar

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró que el Ministerio que preside, deslinda responsabilidades de los hechos de corrupción, porque fueron cometidos por personas que aprovecharon la situación de ventaja en la que se encontraban. También se refirió al decreto del indulto que favorece a personas que cometieron delitos menores y no a los políticos.

En el programa televisivo de ayer de la red estatal justificó el accionar de sus antecesores al conferir poderes especiales a Fernando Rivera y Dennis Rodas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, porque es así como se procede en otros ministerios y entidades.

“Son funcionarios de cuarto y quinto nivel que se han corrompido en el curso de su trabajo. Imagínese que el Ministerio de Gobierno, para presentar incidentes, estuviera en cada uno de los casos. Estaríamos perdidos y sería una burocracia, por ello es que se entregan poderes generales a funcionarios, para que puedan atender todos estos casos y no tengan que recibir un poder especial en cada caso”, justificó.

“Los poderes notariados se los otorga en cualquier institución. Lamentamos que los diputados de la oposición no hayan leído esta parte. Los mandantes no podrán ejecutar estos poderes en beneficio propio sino de los intereses del Ministerio de Gobierno”, agregó.

Aseguró que este signo de plena confianza no les otorgó poder para ir a extorsionar a cualquier persona, de manera que se viene abajo la teoría de que se formó un grupo de elite para presionar a políticos.

La diputada Marcela Revollo, en la interpelación del sábado por la noche señaló que tenía una oportunidad de oro para mostrar todas las falencias de los ministerio a la cabeza de los interpelados y que las respuestas fueron insuficientes, de manera que salieron de la reunión con las mismas dudas con las que habían ingresado.

Por su parte, Romero, en respuesta a la interpelación a la que fue sometido señaló que el Movimiento sin Miedo tiene una “promiscua historia política” y trata de aprovechar un caso de corrupción para volcarlo contra el Gobierno con el afán de debilitarlo.

Recordó que los casos de corrupción no nacieron por sugerencia de terceros, sino del propio Ministerio de Gobierno, al entregar los indicios de estos casos al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

Siguiendo la expresión de Juan Ramón Quintana expresó que la oposición sigue la postura del mitómano que termina por creer sus propias mentiras.

“Tienen mucha imaginación para armar supuestos escenarios de persecución, ellos hacía esto en el pasado, pero este no es el caso. En tiempos de ellos cuando alguien se corrompía lo mandaban de embajador para que con el tiempo se olvide el caso. Es raro que el Gobierno investigue a sus propios funcionarios”, expresó.

Destacó que los que operaron lo hicieron sin afectar la integridad del Ministerio, porque el accionar de los funcionarios que decidieron ingresar en la corrupción lo hicieron operando en los estrados judiciales, junto a fiscales y jueces, de manera que para cualquier Ministro o autoridad importante es difícil percatarse de estos pasos.

“Hay problemas estructurales, hay que modificar los valores, se debe establecer una filosofía basada en la conciencia moral, porque cuando se superponen fines personales a los bienes comunes, la gente se desvía en procura de sus beneficios. Hay que obrar con mayor drasticidad y se deben tener unos mecanismos de mayor control”, agregó.

Se mostró partidario de mejorar los procedimientos de control de los funcionarios y de transparentar algunos elementos que quedan pendientes.

Al referirse al tema del indulto presidencial, destacó que fue una medida significativa y que responde a un criterio de política de rehabilitación social de las personas que han cometido un delito por error y una tendencia humanista del actual gobierno.

Al hacer números, informó que actualmente se tienen recluidos en los distintos centros penitenciarios 13.400 personas, de ellos, 8.000 internos están en las cárceles de La Paz y Santa Cruz, lo que provocó una superpoblación que va en desmedro de los recluidos. De este número, más de 11 mil son detenidos preventivos y sin sentencia ejecutoriada, de manera que no ha sido probada su inocencia o deben ser sobreseídos.

“La mayoría de la gente que está en la cárcel es gente pobre. Bajo este criterio, el Presidente Morales decretó este indulto, primero para beneficiar a gente con delitos menores. Esta medida no beneficia a asesinos, separatistas, contrabandistas, narcotraficantes, violadores, a personas que hayan cometido robo agravado con uso de armas, porque estos delitos son imprescriptibles e imperdonables quienes incurrieron en estas faltas es gente peligrosa y pondríamos en riesgo a la colectividad. También los reincidentes, está fuera del indulto”, expresó el ministro Romero.

Se refirió a casos específicos para señalar que este indulto beneficia a personas con sentencias de 8 años o que cumplieron dos quintas partes de su pena, a mayores de 58 años, a jóvenes entre 16 y 25 con un tercio de su sentencia, a mujeres embarazadas y con seis meses de gestación, a enfermos terminales y a discapacitados que hayan cumplido un tercio de su sanción.

De acuerdo con los cálculos de Romero, hasta la última semana de enero podrían salir en libertad 400 personas y al finalizar el primer cuatrimestre del 2013, otras 1.500 personas quedaría en libertad.

Fue contundente a la hora de señalar que los políticos no se podrían sumar a este indulto, porque previamente deberían declararse culpables, haber cumplido con parte de su pena y de esta manera ser potencialmente beneficiarios de la medida.

Los opositores calificaron esta medida como absurda y ajena al elemental principio jurídico. Porque ningún inocente, en el afán de salir en libertad se declarará culpable, más si se toma en cuenta el afán vengativo del Gobierno, que, seguramente, en un caso de esta naturaleza le daría una pena mayor, de manera que el detenido, además de declararse culpable de un hecho no cometido, seguiría en la cárcel.