MSM: Interpelación e investigación encubren a ministros y sólo se apunta a mandos medios

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, manifestó sus observaciones al proceso de interpelación en la Asamblea Legislativa del fin de semana, asegurando que se trató de una acción de encubrimiento a los tres ministros observados en el caso de la red de extorsión. Asimismo, manifestó que la comisión de fiscales limita su labor y se apunta solamente a culpar y sentenciar a mandos bajos y medios dentro del Ejecutivo.

Del Granado salió a dar una conferencia de prensa en la que mostró fotografías donde aparecen funcionarios de Gobierno con los exasesores del Ministerio de Gobierno y los otros implicados dentro de la red de extorsión. Aprovechó para descalificar la interpelación que impulsaron sus dos diputados dentro de la Asamblea Legislativa a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero y de Transparencia y Lucha Anticorrupción, Nardi Suxo, considerando que los dos tercios de la bancada oficialista respaldó a estas autoridades sin que se haya concluido la etapa investigativa en la comisión de fiscales que lleva el caso en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz.

“Es un macro escándalo que los dos tercios del oficialismo aprobó y respaldó, demostrando una flagrante encubrimiento a estos hechos de corrupción y extorsión”, dijo.

Del Granado fue más allá y acusó directamente a la ministra Suxo y el embajador Llorenti de tener responsabilidad ya sea por acción u omisión en este caso.

“Doña Nardi nos dijo que no tenía ninguna injerencia en el Ministerio Público y hoy día sabemos que era la jefa de los fiscales” y recordó que el exministro de Gobierno declaró el miércoles ante los fiscales que los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, detenidos en Palmasola por su vinculación con la red de extorsión, eran funcionarios “responsables” y “competentes”.

Finalmente, lamentó que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, se haya atribuido la función de juez, porque dijo que el caso estaba cerrado y la red de extorsión fue “totalmente desmantelada”, por lo que aquello resultó curioso, cuanto menos, para los opositores.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que no se debe politizar el caso y que son las autoridades competentes quienes deben dar un veredicto para establecer responsabilidades.

“Es un debate especulativo, la comisión de fiscales debe investigar y luego el juez decidirá y quien haya cometido un delito a la cárcel, quien no haya hecho nada a la calle”, manifestó y reiteró que no se encubre ni se encubrirá a nadie dentro del aparato estatal.

“El Gobierno reafirma y colaborará con todo lo necesario y pedirá que haya sanciones muy drásticas a los responsables de este grupo de extorsionadores que le ha hecho daño al Estado”, agregó el segundo mandatario.

La relación entre el MSM y el MAS se quebró desde las elecciones regionales de 2010 y desde entonces los “sin miedo” se han convertido en fiscalizadores y denunciantes del régimen.

Para otros grupos de oposición, esta pugna sólo es política y busca dejar ante la opinión pública una imagen de contrarios, cuando ambos partidos políticos gobernaron juntos durante los primeros cuatro años del primer mandato del gobierno de Evo Morales.