Cerca del 25 % de reclusos de Cochabamba y Oruro se beneficiarían con Ley de Indulto

Sólo el 25 por ciento de los 540 internos de la cárcel de San Pedro de Oruro y cerca del 20 por ciento de reclusos del departamento de Cochabamba tienen sentencia ejecutoriada, cifras que no rebajarán sustancialmente a pesar del indulto que ha sido aprobado por decreto supremo 1445 y por la Asamblea Legislativa.

En el caso de Oruro, el informe fue emitido por el juez de ejecución penal dependiente del Tribunal de Justicia de Oruro, Germán López. El documento establece que de los 540 internos, solamente 132 tienen sentencia ejecutoriada, entre hombres y mujeres que viven en el mismo recinto penitenciario.

De ese total, 471 son varones y 69 son mujeres. En la cárcel, la sección mujeres está dividida por una puerta de seguridad, controlada por las policías femeninas, que también están asignadas a ese lugar, para controlar cualquier exceso de parte de las internas que viven con sus hijos menores de 12 años.

El indulto beneficiará a 7 mujeres que tienen hijos menores de 12 años y a 9 varones, cifra insignificante con relación a la gran cantidad de personas que aún se quedarán en las “escuelas” de la prisión, porque los galpones están habilitados para que pernocten decenas de personas detenidas en forma preventiva.

Según las estadísticas, con la salida de los internos beneficiados con el indulto, se quedarán 524. Las celdas, por lo tanto, seguirán siendo insuficientes para acoger a esa cantidad de personas. En una pequeña celda de dos por tres metros cuadrados, viven cuatro personas, con catres habilitados con madera, empotrados en las paredes, uno sobre otro.

En esas condiciones, la cárcel tiene capacidad para albergar a 250 personas únicamente. Hasta el momento, ni siquiera la cárcel de mujeres, construida en la zona del aeropuerto Juan Mendoza, puede funcionar, porque no ha sido concluido y no existen aún caminos estables, particularmente en la época de lluvias, que se convierte intransitable.

La cárcel de San Pedro, que hasta hace cincuenta años, se encontraba casi fuera de la ciudad, hoy está rodeada de viviendas y al lado existe una escuela. El edificio es vetusto, que no tiene siquiera servicios higiénicos adecuados y, por eso, los policías, para evitar contacto con los internos, han preferido construir una batería de baños hacia la calle.

Según los internos, no existen mejoras en la infraestructura y cada uno de los presos tiene que vivir en cualquier sitio asignado y dormir en el piso, porque solamente los antiguos tienen derecho a una celda, que tampoco es reservada.

Cochabamba

De una población aproximada de 2.900 internos entre varones y mujeres que se encuentran detenidos en los seis principales penales de reclusión del departamento de Cochabamba, al menos 500 se acogerían a esta nueva normativa para abandonar los recintos carcelarios, una vez que el Régimen Penitenciario agilice y atienda los casos respectivos.

“Consideramos que entre 400 a 500 internos se van a poder beneficiar con la nueva ley, estamos trabajando en el armado de las carpetas y la consideración de los casos para que sean remitidos a conocimiento de las autoridades, ellas en un tiempo prudente evaluarán y determinarán su liberación”, afirmó el responsable de Régimen Penitenciario en Cochabamba, Dennis Mejía.

Conforme establece el Decreto Supremo, agregó que el perdón judicial prioriza a quienes hayan cometido su primer delito y estando con detención preventiva no cuentan con sentencia ejecutoriada por autoridad competente, personas de la tercera edad y quienes padezcan de enfermedades terminales, además de padres de familia que tengan más de un hijo viviendo dentro de las cárceles.

En este marco, el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Raúl Castro, señaló que se conformaría una comisión para visitar los recintos carcelarios y contribuir a la consideración de los diferentes casos para agilizar los procesos y facilitar el cumplimiento de la nueva normativa.

Por otra parte, lamentó las condiciones precarias en las que los internos viven al interior de las cárceles, donde el hacinamiento, la falta de higiene y condiciones, vulneran algunos de los derechos más esenciales que tienen las personas, pese a estar privadas de libertad, a lo que se suma la retardación de justicia.

Al respecto, autoridades de la Gobernación anunciaron que se construirá un moderno recinto carcelario en el valle alto, con la finalidad de poder desconcentrar y trasladar a los internos, previa evaluación de las autoridades policiales según los casos y poco a poco ir resolviendo el hacinamiento en los penales, obra que sería encarada la próxima gestión.