Pobreza y discrecional uso de dinero fiscal

En el marco de los derechos democráticos, no podemos dejar de lado la preocupación de los bolivianos por el uso desmedido de dinero del pueblo en obras suntuarias y faraónicas que restan recursos de inversión a otros proyectos dirigidos a modificar las estructuras productivas deficitarias, así como a mejorar las disminuidas condiciones de bienestar social para grandes sectores ciudadanos, particularmente de áreas rurales.

Por otra parte, la cruda realidad de comunidades campesinas y sectores periurbanos nos está demostrando que muchos niños y adolescentes están fuera del sistema educativo por falta de infraestructura y equipamiento, enfrentándose a profundas desigualdades vinculadas a la pobreza. En cuanto a la salud, la carencia de médicos y paramédicos, así como de centros preventivos y hospitalarios medianamente equipados en el campo, es deprimente.

Entonces es prioritario dirigir el gasto público a modificar estos factores negativos, antes que a obras suntuarias. No estamos contra la modernidad y el avance de la ciencia y la tecnología, por el contrario, creemos que estos indicadores deberían ser parte del crecimiento.

En el proceso de desarrollo, la revolución de la periferia al centro debería estar primero, para luego pasar al cambio-crecimiento, ambos con una planificación estratégica sostenible en el tiempo. Toda improvisación por efectos puramente políticos es nefasta.

En febrero de 2010, antes de que se concrete el contrato de la compra del satélite chino por 350 millones de dólares, sugerimos en páginas de EL DIARIO que se invitara al periodista especializado en asuntos económicos Humberto Vacaflor para que expusiera otras ventajas que quizás hubieran ahorrado a Bolivia más de 150 millones de dólares. Sin consultar otras opciones se optó también por la compra directa de un avión presidencial por 35 millones de dólares. De la misma manera se compró computadoras por un estimado de 30 millones de dólares, sin licitación pública.

Por esas compras directas, en noviembre de 2009 el Estado pagó 25 millones de dólares para la adquisición de 6 barcazas y dos empujadores para la Armada Bolivia. A la fecha no aparecen ni las barcazas ni los empujadores. Por igual procedimiento el teleférico para La Paz, sin previo estudio de factibilidad, costará 234 millones de dólares, cuando la empresa italiana Leitner ofreció construir este sistema por 38 millones de dólares menos. Pero hay más, el ex alcalde de La Paz, Ronald MacLean, dijo que este proyecto podrían hacerlo sectores privados internacionales y al operarlo ellos mismos, resultaría económicamente rentable y recuperarían su inversión.

El DS 224 permite a las autoridades hacer contrataciones directas, que en el país ya suman por lo menos 2.408 millones de dólares, una cifra enorme para el pequeño tamaño de la economía.

Por otra parte, con un costo de 70 millones de bolivianos se pretende construir un nuevo Palacio Legislativo, “dizque” con ahorros de los parlamentarios. Esos saldos, que extrañamente no han sido invertidos en las apropiaciones correspondientes, deben volver al TGN para ser reprogramados, en otros presupuestos anuales, ya que al obrar en contrario se estaría cometiendo malversación de fondos fiscales, al ser usados en otros fines. Es raro que ni el Ministerio de Economía ni la Contraloría General del Estado lo hayan advertido a tiempo.

También se intenta construir un nuevo Palacio de Gobierno con el nombre de “Casa Grande del Pueblo” por un costo que se estima sea mayor a 70 millones de bolivianos, con el argumento baladí de que “el Gobierno deje de ser inquilino”. Este intento es una ofensa a la pobreza de los bolivianos. ¿No es posible monetizar los bienes y fondos incautados al narcotráfico y a los grandes contrabandistas para la compra de inmuebles y destinarlos a oficinas del Congreso o del sector público en vez de que estos bienes beneficien a corruptos funcionarios del Estado? ¿Por qué insistir en estas obras suntuarias cuando hay otras necesidades apremiantes en las áreas rurales que viven en la miseria?

En otro tema, se observa un crecimiento desmedido del aparato estatal. Entre los años 2006 y 2009 la burocracia creció de 76.234 a 144.012 (89%). El Estado por ese gasto erogó la suma de 47.767.995.781 bolivianos para pago de sueldos. Este gasto duplica lo hecho por la “derecha improductiva”. El año 2011 el Gobierno erogó un total de 8.330.034 dólares en propaganda, mientras que entre enero y julio del 2012 el gasto asciende a 9.324.995 dólares (EL DIARIO, 27/8/2012). Aparte están crecidos gastos para un periódico, un canal de TV y una red de emisoras para propaganda del Gobierno.

Corresponde recordarles al Gobierno y a los legisladores que nada es eterno y que los juicios de responsabilidad por uso desmedido o no adecuado de fondos fiscales no prescriben. Entonces es de gobernantes inteligentes y reflexivos corregir a tiempo los errores, en beneficio de un pueblo que les demanda un poco de sacrificio y buena voluntad en el ejercicio de las responsabilidades que les han sido confiadas.