Seis hechos no esclarecidos pesan sobre Llorenti

En las últimas declaraciones, el judío americano Jacob Ostreicher emitió duras frases, asegurando que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, estaría implicado en el caso de la red de extorsión. Es una acusación más en contra del exactivista de derechos humanos y ya se suman las voces que cuestionan la moralidad de la autoridad e incluso un “encubrimiento” por parte del Gobierno a su favor.

Ostreicher en nuevas declaraciones públicas expresó que se sentía “apesadumbrado”, por la declaración informativa del exministro de Gobierno quien afirmó que los implicados en este caso (los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas), eran “competentes y responsables en las tareas que se les otorgó”.

“Cómo puede decir Llorenti que Fernando Rivera es inocente y respetable cuando es una persona que estaba amenazando a los jueces y lo dice con una gran sonrisa en la cara, debe pensar que la gente boliviana es estúpida”, fueron las palabras del americano.

Empero, este caso no es el único, pues el paso de Llorenti por el Ejecutivo fue complejo.

En el año 2010, David Olorio fue acusado como el cabecilla de una banda de atracadores al peaje de la autopista La Paz – El Alto. Un año antes de su muerte en la Felcc, denunció que fue víctima de extorsión por parte de efectivos policiales. En la oportunidad, Llorenti fungía como flamante ministro de Gobierno y exigió junto a una comisión de fiscales que se esclarezca el hecho sin resultado alguno.

Otra acusación es referente al caso Caranavi, cuando dos jóvenes murieron en la represión ejercida por efectivos policiales contra pobladores de la región, cuando éstos exigían la construcción de una planta de cítricos. Los abogados apuntaron responsabilidades sobre Llorenti, pero éstos fueron desprestigiados y el hecho quedó impune.

El caso del exgeneral René Sanabria, también alcanzó a Llorenti. Sanabria, entonces jefe de inteligencia del Ministerio de Gobierno, fue acusado de tráfico de sustancias controladas. Llorenti aseguró no conocer las acusaciones que se vertían en contra del exgeneral durante su mandato.

El diputado por Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro fue quien más cuestionó estos hechos en la oportunidad. Según el legislador, Llorenti goza del privilegio de la protección del Gobierno, porque el presidente Evo Morales pretende evitar que se conozca los verdaderos alcances de la red de extorsión y otras irregularidades.

“Evo encubre a Sacha, recordemos que en el caso Caranavi, Rivera ya fue denunciado por extorsión, es imposible que haya actuado solo. Llorenti siempre repite lo mismo, que no sabe, que no conoce nada acerca de los casos, es un sinvergüenza y mentiroso, que pretende que los bolivianos sigan creyendo sus mentiras”, manifestó.

El 25 de septiembre del 2011, más de 400 efectivos policiales reprimieron y agredieron a los indígenas que participaban de la octava marcha en defensa del Tipnis. Días después, Llorenti renunció a su cargo y afirmó que el hecho era responsabilidad de un grupo de altos mandos policiales que tomaron una decisión de manera unilateral.

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, aseguró que el Gobierno “protege” a la exautoridad porque posiblemente Llorenti conoce más irregularidades sobre el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

“Por eso los mandatarios se encargan de repetir las mentiras de Llorenti, no es Llorenti no sabía, es imposible que esas personas hayan actuado solas (…) tiene que seguirse el proceso que corresponde”, manifestó.

Sacha Llorenti pasó de ser activista de Derechos Humanos, llegando incluso a la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Posteriormente, fue viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, ministro de Gobierno y hoy es Embajador ante la ONU.

Por su lado, el oficialismo a través de la diputada Betty Tejada (MAS) asevera: “todos somos parte del Gobierno, no hay intención de nadie de protegerlo, al contrario se dijo en repetidas ocasiones que se investigará este hecho, caiga quien caiga. Es la prueba de fuego del fiscal Guerrero que hemos elegido en la Asamblea Legislativa”.