Por temor a abogados de la red de corrupción nadie quería denunciar

Una de las razones por las que el proceso de investigación de la red de corrupción, nacida en el seno del Ministerio de Gobierno, no fue frenada oportunamente, se debe al temor que habían infundido los abogados de este grupo, de manera que quien denunciaba tenía el miedo de caer en un pozo aún más profundo del que estaba.

“Me vinieron a visitar el año pasado, me dijeron que querían conversar en reserva por miedo a represalias. Yo tenía que seguir el procedimiento, de manera que necesitaba pruebas, documentos escritos. El temor se notaba en las personas. Cuando conversé con los ministros Chávez y Romero, sobre estos temas no tenía las pruebas”, expresó Miguel Albarracín, director de Transparencia del Ministerio de Gobierno.

Algunas autoridades de Gobierno señalaron que también quienes denuncian estos casos de extorsión deberían ser investigados, lo que contribuyó a meter más miedo a las víctimas y favorecer a los abogados de la red, porque recibieron indirectamente un respaldo más.

Albarracín argumentó que, lamentablemente, no se podía hacer nada en esas circunstancias ya que el propio Ministro de Gobierno tardó cinco meses en la investigación en colaboración con la Policía para “romper esa burbuja que se había creado, porque no se puede tomar acciones sobre trascendidos”.

Al referirse a Rivera, Rodas, Villegas y el resto de comprometidos en el caso y que guardan reclusión en Palmasola, expresó que éstos atemorizaban y presionaban a la gente, demostraban su poder en los juzgados, de manera que hay gente que sin ser culpable está en la cárcel. El grupo de abogados tenía un blindaje casi impenetrable.

“El sistema judicial fue vulnerado. La actual entrega de los casos va de acuerdo a la llegada al juzgado1, 2, 3, no puede haber intervención humana, el sistema está digitalizado. Ellos se colocaban en lista de espera para llegar a determinados jueces y fiscales determinados y operar desde allí”, expresó la autoridad del Ministerio de Gobierno.

También refirió que siguiendo el proceso de investigación se pudo constatar que en las denuncias se repiten los nombres de tres jueces y cuatro fiscales y que pueden haber otros involucrados que se conocerán oportunamente, pero se requerían las pruebas para no incurrir en un delito porque “juzgar con anticipación es también un delito y no se puede despedir por una simple denuncia”.

“Primero se debe confirmar las denuncias, fotos, audios; ésos son indicios, pero además hay que comparar con los expedientes originales. Lo que sí se puede asegurar es que no hubo una lógica en las decisiones, porque si se advierte que no hay obstaculización a la investigación y riesgo de fuga, el juez no debería enviarlo a la cárcel y ocurrió todo lo contrario”, dijo Albarracín.

En conversación con EL DIARIO, Albarracín informó que en las últimas tres semanas recibió en su despacho 82 denuncias por la mala praxis en el sistema judicial, de las cuales 30 corresponden a la red de extorsión.

“Hay personas que vienen a quejarse por temas del abuso de un juez, de un fiscal, de un policía, que han abusado de su cargo, éstos son 50 casos. También hay otra parte de otros 30 que hace referencia a personas del grupo de extorsionadores que están detenidos en el penal de Palmasola”, dijo.

El responsable de Transparencia agregó que dentro de estas denuncias existen varios policías involucrados. No quiso mencionar los nombres de estos agentes, quienes habrían participado en diferentes operativos sin pertenecer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

“Los operativos son exclusivos para la Felcc, que además tienen que hacerlo con un fiscal al lado, a menos que sea un delito in fraganti, porque en este caso participa cualquiera, inclusive el ciudadano, y las denuncias hacen referencia a que habría actuado este grupo de abogados junto con algunos policías que no eran propiamente de esa división”, detalló.

Todas estas denuncias se encuentran en proceso de investigación, pese a que el Órgano Judicial se encuentra en receso por las fiestas de fin de año.

Albarracín señaló que se debe respetar la independencia de poderes y que el criterio que se sigue señala que se debe investigar a fondo, caiga quien caiga, como expresó el presidente Morales.

Hasta el momento los casos tocaron hechos ocurridos en Santa Cruz y La Paz, pero se quiere dar un paso adelante y pidió un reporte al ministerio de Gobierno de los viajes que realizaron los implicados al interior, para ver si tuvieron participación en otras ciudades y tomaron contacto con otros jueces y fiscales.

Al referirse a la relación que tenía con los involucrados ya que trabajaban en el mismo Ministerio de Gobierno, señaló que en algún momento fue amigo de Boris Villegas y que nunca le advirtió sobre las denuncias que llegaban en su contra. Al referirse al resto del grupo dijo que era “gente que no quería conversar y (además era) un grupo bastante cerrado. Ellos iban a los juzgados reportaban lo que hacían y no reportaban sus andanzas”, es así como burlaron los niveles de control que existen en cualquier institución

Albarracín evitó referirse a la versión de Boris Villegas quien dijo que todo lo que hizo en el Ministerio fue ‘por orden de mis superiores’. “Esas son sus palabras y tiene que escucharse a los denunciantes, que han estado meses y meses en la cárcel, tendrán que decir algo y lo propio los ministros”, señaló.