Expertos califican la medida como “desacertada y política”

Los expertos en el área económica Humberto Vacaflor y Julio Alvarado aseguran que la medida del Gobierno de nacionalizar Electropaz mediante un Decreto Supremo es una decisión desacertada y política y, además, perjudica la imagen del país ante la opinión de inversionistas extranjeros.

Para Vacaflor, la expropiación tiene matices electorales. “Desde el punto de vista político la decisión está dirigida al electorado paceño, sabemos que esta ciudad le brinda poco apoyo al MAS, pienso que por ello se tomó esta medida con el propósito de ganar adeptos para las futuras elecciones”, comentó.

Este entrevistado augura que la empresa parará a manos de inversionistas asiduos al MAS.“Electropaz era una empresa que estaba ya en la mira por inversionistas vinculados al MAS. Carlos Gil que es propietario de La Razón, Ferrovía Oriental, y muchas otras, estaba interesado en comprar Electropaz, y se nota que el Gobierno contribuirá con ello”, remarcó Vacaflor.

Desde el punto de vista económico el analista asevera que la medida no es adecuada.

“Es una muy mala señal para el exterior, seguimos nacionalizando empresas cuando tenemos bajos niveles de inversiones extranjeras, con esta medida se reducirán aún más las inversiones en nuestro país”, agregó el experto.

Vacaflor sostiene que es injusta la expropiación de Electropaz porque “es una empresa que estaba cumpliendo con todas las reglas impuestas por el país”.

Dijo que “se requiere de una Ley de Inversiones, la misma garantizaría la tracción de capitales extranjeros, con el propósito de evitar que el Gobierno afecte los mismos, arbitrariamente o bajo intereses políticos”.

Por su parte, Julio Alvarado, analista del área política, asegura que la expropiación de Electropaz fue una medida innecesaria.

“Es una medida política, un ‘show’ político que distrae la atención del pueblo boliviano. La justificación que da el Gobierno para la nacionalización de estas empresas no tiene sustento porque ya en marzo del 2006 se lanzó el Decreto Supremo sobre la tarifa dignidad, donde se apoyó a las familias de escasos recursos disminuir los costos de servicios. La entidad que fija las tasas es la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Electricidad (AE), entonces no era necesaria una nacionalización sólo bastaba que la autoridad fije los precios”, remarcó el experto,

Señaló también que la medida afectará la imagen del país fuera de las fronteras.

“Todo este ‘show’ movilizando a cientos de policías y militares no dan una buena imagen del país porque se están tratando a las empresas como si fueran delincuentes y esa no es una decisión correcta”, manifestó Alvarado.

Asimismo, el analista auguró que de acuerdo con la forma como se llevó adelante la expropiación se tendrá la necesidad de optar por un arbitraje internacional, “al que Bolivia debería estar pendiente”,

Finalmente, Alvarado señaló que con la medida se trata de distraer la atención de la red de corrupción que operaba desde el Gobierno.

En tanto, para el empresariado privado, la estatización de la Empresa Distribuidora de Electricidad en La Paz es una medida injusta y sin razón, además de ser una pésima señal cuando se está tratando de atraer capitales privados nacionales y extranjeros para que sean invertidos en el país.

“Tenemos que soportar, nuevamente, una arremetida, sin razón alguna, en contra de una empresa que estaba cumpliendo con su actividad” y sin un fallo en el servicio de distribución de electricidad, puntualizó a ANF el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.

“Una empresa cien por ciento privada ha sido, hoy, intervenida a través de una normativa que creemos que es injusta”, subrayó el máximo dirigente empresarial al dejar en claro que se trata de “un Decreto que no contiene la realidad de lo que debería ser una compra”.