Iberdrola debe recibir 75 millones de euros por expropiación de cuatro filiales

Frente a la medida decretada el pasado 29 de diciembre, por la cual se nacionalizaron cuatro filiales -dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones- de Iberdrola en Bolivia, la empresa española hizo saber que pedirá una indemnización de 75 millones de euros al Gobierno boliviano.

El Ejecutivo definió esta acción porque existiría un desequilibrio en el cobro de las facturas del servicio eléctrico.

Durante la mañana y la tarde del sábado y domingo, 740 miembros de la policía boliviana montaron guardia en las oficinas de Electropaz de La Paz y Oruro para resguardar la distribución eléctrica.

El portal del diario español El País asegura que “esta es la segunda nacionalización que tiene como objetivo una empresa española en menos de ocho meses en Bolivia, toda vez que el pasado mayo se expropió la firma Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica, que todavía no ha sido compensada”.

"Hemos hablado con la empresa, hemos dialogado que se rebaje los costos a todos, que se asuma la responsabilidad social como empresa, son españoles. Cuatro meses de negociación sin resultado", dijo el Mandatario de Bolivia, Evo Morales en un acto con productores de hoja de coca de la región central de Cochabamba en el Chapare, apunta El País.

Según este medio, Iberdrola no tomará una postura hasta conocer los detalles de los decretos expropiatorios y se limitó a señalar que espera que el Gobierno “pague el valor real” de sus participaciones. EL DIARIO pudo constatar que no existe ningún comunicado en el portal de Iberdrola.

Sin embargo, se estipula que a partir del Decreto se dará un plazo de 180 días para que un tasador independiente decida la compensación. El País sostiene que pese a no estar cifrada, la eléctrica daría un valor de mercado a las filiales expropiadas de 75 millones de euros, que serían aproximadamente 100 millones de dólares.

El País resalta que a falta de conocer los detalles del Decreto, la medida expropiatoria podría tener un mayor alcance, incluso llegando a afectar a otras empresas españolas y extranjeras. Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%.

El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.

Iberbolivia de Inversiones posee el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), en la que también participa el Banco Santander, con el 10% del capital, y el 92,8% de la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola: unos seis millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011), apunta El País.

En este sentido, el ministro de hidrocarburos y energía, Juan José Sosa, expresó ayer en el programa que se emite por el canal estatal, “El Pueblo es Noticia”, el deseo de reunirse con los ejecutivos de la eléctrica española Iberdrola la próxima semana en La Paz, para discutir una compensación justa por la nacionalización de cuatro de sus filiales en Bolivia.

"Me imagino que ellos, la próxima semana llegarán, entonces conversaremos en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transición que sea favorable para ambas partes", afirmó la autoridad.

El País explica que el presidente Evo Morales considera que las empresas nacionalizadas han “centralizado sus servicios en las áreas urbanas”, por lo que se reduce la atención a áreas rurales del altiplano en las que los pobladores están diseminados en áreas extensas.

Después de la expropiación, la viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, anunció que una de las tareas prioritarias es la de reducir las tarifas hasta un 50%. Con esta nacionalización todo el sistema de servicios eléctricos, desde la generación hasta la distribución domiciliaria, queda en manos de la Empresa Nacional de Electricidad, afirma El País.

Esta situación se suscita en un momento en el que empresarios bolivianos trabajan junto al Gobierno para la elaboración de una Ley de inversiones, tan necesaria en el país, que debe garantizar el apoyo a inversiones extranjeras.

En tanto, aproximadamente 400 empleados que trabajan en la empresa Electropaz exigen conservar sus fuentes laborales, hecho que fue confirmado el pasado sábado, por el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien manifestó que “todos (los trabajadores) conservarán su fuente de trabajo, no habrán despidos”.

Asimismo, la autoridad afirmó que “la escala salarial que regía el funcionamiento de esta empresa está asegurada, por lo tanto, los trabajadores pueden estar seguros”, “primero, que tienen trabajo seguro, que sus esfuerzos serán bien remunerados y que no se le afecta en nada sus derechos laborales ganados hasta el día de hoy”, apunta la agencia ANF.