El anuncio de la Gobernación de Potosí en sentido de que emprenderá algunas obras en la región del manantial Silala con la finalidad de sentar soberanía y aprovechar en beneficio boliviano sus aguas, que por décadas utiliza Chile sin beneficio alguno para Bolivia, conforme a las informaciones habidas en las últimas semanas, parece que quedó en simples proyectos.
Lo planeado por el Gobernador de la Villa Imperial adolece de debilidades que será preciso corregir y, si realmente se desea aprovechar las aguas y llevar a cabo obras, se tendrá que reformular los proyectos. Al respecto, el periodista Luis Antezana Ergueta publicó un artículo medular que, en sus partes salientes, señala: “La corriente de agua desviada a Chile tiene un promedio de 350 litros por segundo (y no 200 como dice Potosí). Cada minuto esa corriente que pasa a Chile es de 21.000 litros, lo cual quiere decir que cada hora transcurren a Chile 1.200.000 litros. Finalmente, cada día de 24 horas, el agua que regalamos al vecino es de 302 millones de litros”.
Por otra parte, dice: “…el proyecto de crianza de truchas no quitará a la corriente que baja a Chile ni una gota de agua, pues ésta no dejará de fluir por más diques o estanques que se construya. A lo más sufrirá alguna contaminación”. También manifiesta: “Efectivamente, la embotelladora embasará, en el mejor de los casos, unas 20.000 botellas de un litro de agua al día, sin que se sepa todavía con qué costo y dónde será consumida. ¿Qué significa esa cantidad de agua embotellada?”. Concluye el señor Antezana: “En esa forma Chile seguirá utilizando el 99,9 por ciento del agua y sólo se le habrá quitado un minuto del caudal”.
El caso es claro, el Gobierno, conjuntamente la Gobernación de Potosí, deberá reformular totalmente los proyectos, porque así como se los ha presentado, a nada conducirán y Chile continuará con sus políticas de apoderarse de lo que es boliviano, con el fútil pretexto de que se trata “de aguas de uso internacional”, cuando son de manantiales que surgen en territorio boliviano.
El caso no debe quedar en suspenso; puede ser inclusive el medio para retomar negociaciones con el Mapocho para conseguir que, por lo menos, se nos pague por el uso de las aguas y, al margen de ello, utilizarlas en provecho nuestro, pero en obras que efectivamente sean productivas y, además, que resguarden nuestra propiedad y no se repita lo que pasó con el río Lauca, caso sobre el cual Chile nada dice y menos nuestras autoridades.
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