[Alberto Zuazo]

Punto aparte

Asaltos, no avasallamientos


El adjetivo asaltar se lo está utilizando con benevolencia y hasta complicidad con el término de avasallar. Con ello, se trata de reducir el significado de lo que es un delito, que consiste en la apropiación indebida y/o violenta de una propiedad ajena, sea rural o urbana.

En tanto que el avasallamiento implica ampliar los límites que tiene una propiedad con las del vecino, sea total o parcial, lo que ciertamente es ya un delito. Pero, cuando los supuestos avasalladores no reúnen esa condición de vecindad y más bien son ajenos al lugar, entonces son asaltantes, ladrones de lo ajeno.

Para que no se suponga que hay equívoco en lo que se sostiene en líneas precedentes, el diccionario Larousse expresa que un sinónimo del adjetivo asalto es la acción y efecto de asaltar, mediante el ataque y la agresión. La toma u ocupación de un espacio ajeno implica incluso “oprimir”.

Gente que utiliza la violencia o el abuso de poder, para apropiarse de lo que no es suyo, ha proliferado de forma impresionante en los últimos ocho años, sin que las autoridades policiales y judiciales hubieran puesto freno y, menos, sancionado a los que incurren en flagrantes delitos penales.

Entonces, cuando actúan impunemente, al no recibir aquél o aquéllos la sanción legal correspondiente; más todavía, al no ser desalojados los asaltantes de una propiedad ajena, por las autoridades del caso, puede interpretarse que tienen la anuencia de éstas, si acaso no están cumpliendo sus consignas.

En el supuesto de que no fuera así, cabe presumir que gente adherente al difuso proceso de “cambio”, que propugna el gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo), considera que tiene “carta blanca” para actuar de esa forma. Más o menos a imitación de las “nacionalizaciones”, expropiaciones, intervenciones o expulsiones del país de instituciones que cooperan al país para que sectores sociales atrasados mejoren sus condiciones, con el apoyo financiero y técnico que les prestan en forma directa, sin que por medio intervenga la burocracia estatal y tampoco los intereses políticos de los gobernantes.

Algunos ejemplos son ilustrativos en ese sentido. A la empresa Jindal, al retirarse del país, se le incautó el mineral de hierro que por toneladas explotó del yacimiento del Mutún, aparte de habérsele confiscado 36 millones de dólares, provenientes de dos depósitos bancarios que efectuó, como garantías de cumplimiento del contrato suscrito con el actual gobierno.

A USAID, la agencia de cooperación económica y técnica de Estados Unidos, se la expulsó. Entre otros de sus bienes, los centros de salud (Prosalud), instalados en todos los departamentos, incluyendo sucursales locales, pasaron a manos del Estado, sin que le cuesten un centavo.

Tal vez estos antecedentes sirvieron de ejemplo -a menos que obedezcan a consignas políticas del oficialismo-, en los últimos años fueran asaltadas más de 200 minas de propiedad privada. Significativamente, ninguna autoridad, gubernamental o judicial, evitó semejantes atropellos. Algo más, ni siquiera impusieron a los asaltantes a que desocupen los yacimientos mineros que tomaron por medio de la fuerza y el amedrentamiento.

El sector agrícola, en especial, el del departamento de Santa Cruz, cuyos suelos son prodigiosamente productivos, sufre también, por lo menos hasta el presente, el asalto a unas 200 propiedades privadas. La autoridad, como en los otros casos, lució por su ausencia. O, en última instancia, fue concupiscente con estas violaciones al derecho de propiedad.

Los cocaleros del Chapare, de su parte, cuyo máximo dirigente es el presidente Morales, se apoderaron de tierras vírgenes de los Parques Nacionales. Éstos fueron declarados como tales en tiempos de la República, para proteger su rica biodiversidad. Las ocupaciones se cometen, además, sin considerar que Bolivia tiene el privilegio de figurar entre los países con más bosques de excepcional biodiversidad. Con lo que es uno de los pocos protectores del medio ambiente, frente al cambio climático.

La intención de imponer por ley ocho años de cárcel a los “avasalladores”, es apenas como colocar una banderilla al toro.

TITULARES

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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