El Tribunal Supremo Electoral (TSE) duplicará la sanción establecida de 60 salarios mínimos hasta 120 para aquellas agrupaciones políticas que realicen campañas electorales antes de la convocatoria a las elecciones previstas para octubre, de acuerdo con la resolución que norma la ejecución de actos proselitistas.
El año electoral inició el jueves, dos de enero, y ese mismo día el Órgano Electoral aprobó una resolución en cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral, donde se señalan las sanciones para las organizaciones políticas que hagan campaña o propaganda electoral antes de la emisión de la convocatoria a comicios.
“Ese instrumento legal es obligatorio y se aplican a partir del jueves (dos). Si alguna organización política transgrede esta descripción de la falta son 60 salarios mínimos como sanción, si es reincidente es el doble con 120 salarios y como TSE electoral cumpliremos con notificar a cada uno de los representantes de las organizaciones políticas para que observen su cumplimiento”, informó la presidenta del ente Electoral, Wilma Velasco.
Explicó que la propaganda o la campaña electoral se constituyen con el inicio de la difusión de una agrupación política con su programa de Gobierno y empiece a hacer conocer a sus candidatos, de cara a una elección electoral. Los denunciantes pueden ser ciudadanos y las organizaciones políticas, ya que el TSE actuará en base a las denuncias presentadas
En el caso de las campañas que iniciaron el Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) con algunas actividades como entrega de obras, la autoridad sostuvo que; “dependiendo en que situación están saliendo no podríamos en este momento calificar dentro de una falta (…) una vez que llegue la denuncia al TSE analizaremos”.
El vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, acotó que no se debe confundir las actividades institucionales con las actividades de los partidos políticos, en referencia a los proyectos que realiza el Gobierno como por ejemplo la construcción del Teleférico, calificados por sus opositores como “campañas electorales”.
“Es un deber de las autoridades realizar el trabajo que les compete con la ejecución de obras, proyectos y demás que para eso han sido elegidos y es su competencia pero la resolución sanciona a las agrupaciones políticas y no es institucional”, aclaró.
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