Muy de vez en cuando se conoce datos sobre el drama de las cárceles en nuestro país. Hace pocos meses, a raíz de la posible desocupación del predio que ocupa el Panóptico Nacional en La Paz, se anunció que se “construirá un recinto moderno, con todos los adelantos existentes en el mundo”; pero todo quedó en los anuncios. Últimamente se ha revelado, con carácter de dramatismo, la situación de los presos en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Similar situación existe en los demás recintos carcelarios del país.
La existencia de cárceles en total abandono, con personas apiñadas en sitios estrechos y sin comodidad alguna; la presencia de esposas y niños “acompañando” al pariente encarcelado; ausencia de duchas y servicios higiénicos acordes con la condición humana y muchos otros crasos errores muestran que nuestras cárceles son, de alguna manera, el reflejo de lo que es el país: pobre y subdesarrollado.
Lo que ocurre con las cárceles es que parece que para quienes tienen poder político, económico o social, quienes han caído en esos recintos “habrían perdido la condición de seres humanos” y no importa cómo estén alojados en lugares sucios y carentes de todo que merezca ser digno del ser humano.
Muchas veces se dice que el Ministerio del Interior, conjuntamente el Poder Judicial, habrían fijado “partidas importantes de dinero” para una “mejor atención”, pero del dicho no pasa. No se debería creer que los alojados en esos tugurios, debido al encierro “aprenderán a valorar las leyes y mostrarán arrepentimiento por las faltas o delitos cometidos” y, además, “se formarán con principios para que cuando cumplan su sentencia se reincorporen a la sociedad en forma digna y responsable”. Frases como éstas siempre han sido simples poses demagógicas de quienes no pueden, no quieren o no tienen cómo solucionar un problema que es candente.
Un elemental principio de los derechos humanos obliga a que quienes se encuentran encarcelados merezcan respeto y consideración, porque tan sólo estar privados de libertad es gran castigo, pero someterlos a vivir sin espacios, vituallas, agua, energía eléctrica y otros es someterlos a torturas y negarles totalmente todo derecho.
Es preciso considerar, además, que muchos de los presos no tienen sentencia alguna de juez competente y no saben cuánto tiempo deberán permanecer en esos recintos. En numerosos casos, por simples robos o faltas menores, guardan detención por años. No faltan los casos en los que por haber extraviado un cordero, un individuo purga “su delito” como si hubiese robado todo un hato de ganado. El caso de las cárceles o recintos carcelarios debería ser atendido con prioridad y darle la importancia que tiene; de otro modo, son miles las personas que además de perder la libertad están sometidas a torturas e incomodidades ajenas a la dignidad de todo ser humano.
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