Indignante represión a niños indefensos

La infancia y la adolescencia (INA) de nuestro país no solamente merecen respeto y consideración de las autoridades de gobierno y de la sociedad civil, sino también preferente atención a sus necesidades para que mañana puedan dar a la Patria ese luminoso destino que hasta ahora le está siendo negado.

Deliberadamente se ha dejado pasar el tiempo con la certidumbre de que la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de DDHH y otras entidades que pregonan la defensa de la INA, se manifiesten sobre la agresión y violento tratamiento que decenas de niños trabajadores sufrieron por parte de contingentes policiales el 18 de diciembre pasado, pero, lamentablemente, esto no ha sucedido.

Dada la elaboración de un nuevo código de la INA por parte de la Cámara de Diputados, el cual, en algunas de sus partes, no contempla beneficios que reclaman los niños trabajadores, decenas de ellos se movilizaron para ingresar a la Plaza Murillo en forma pacífica a fin de reclamar sus derechos conculcados por parte de sus empleadores y también poner de manifiesto la pobreza y la miseria que viven sus modestos hogares.

La dura represión con gas pimienta de que fueron objeto no se la vio ni en dictaduras militares ni civilistas, dando como resultado muchos afectados, poniendo en peligro su integridad física. ¿Cómo considerar peligroso el ingreso de pacíficos niños a la plaza Murillo, cuyas únicas armas eran sus reclamos en tono elevado? Cómo puede ser posible que en las horas que duró esta indignante agresión no pudieran salir del Palacio de Gobierno, del Parlamento o de la Gobernación para evitar tamaña violencia contra los derechos de la INA?

Ninguna disculpa oficial es aceptable por tardía e ingenua frente a los hechos consumados, ¿los niños también tienen que ser víctimas de la cultura del odio y la discriminación cuando se permite el uso y abuso de la Plaza Murillo a sectores afines al partido de gobierno?

Este acto represivo contraviene los acuerdos adoptados por la Convención sobre los Derechos de la INA de 1989, de la cual Bolivia es signataria, y los artículos 60 y 61 de la Constitución elaborada por el MAS y la Ley 045, contra la discriminación, cuya autoría igualmente le corresponde a ese partido. El Estado tiene la misión de reconocer los derechos de la INA en el ámbito legal e imponer su cumplimiento, protección y puesta en práctica a través de la formulación y aplicación de políticas públicas, como lo recomienda Unicef.

No hay efecto sin causa y el antecedente de este tipo de protestas sociales radica exclusivamente en la actual falta de empleo y bajos salarios de los padres, que no tienen posibilidades económicas para sostener sus precarias familias.

¿Cómo proclamar ante el mundo que Bolivia goza de un envidiable bienestar económico y social cuando la dura realidad de miles de niños y niñas explotados con salarios de hambre nos muestra lo contrario?

Este cuadro está poniendo en evidencia que al Gobierno le corresponde, por responsabilidad histórica, ubicarse en la realidad y planificar estrategias y planes para crear masivas fuentes de trabajo mediante incentivos a la inversión privada, sea nacional o extranjera, hasta fortalecer las estructuras productivas con valor agregado y así los hijos de padres con trabajo permanente y salario digno, puedan dedicarse a estudiar y formarse intelectual y físicamente para enfrentar los rigores de la vida diaria.

Futuros encuentros comprometidos por el Gobierno con niños trabajadores no deben radicar solamente en solucionar temporalmente algunas dificultades laborales de niños trabajadores, sino que deben contar con un cronograma de realizaciones prácticas, únicamente hasta agosto del 2014 y no prolongarlo más con argumentos baladíes, es decir, tratar de alcanzar la fórmula para erradicar definitivamente el trabajo infantil.

En un ambiente de bienestar económico, aunque éste sea relativamente aceptable, donde uno de los padres trabaje o mejor ambos, los hijos no tendrán otra cosa que formarse para el futuro, pero si los padres no tienen ocupación laboral, son los inocentes niños y niñas quienes se ven obligados a buscar ingresos económicos para tener un pan que pueda colmar su hambre y el de los suyos, al extremo de optar por duras jornadas laborales, inclusive buscar limosna en calles y plazas o buscar refugio en sub-productos de la pobreza, como delincuencia, prostitución, alcoholismo y drogadicción.

Los niños trabajadores, en próximas reuniones, deben dar un plazo hasta agosto de 2014 para encontrar soluciones de fondo y no simples enunciados retóricos, para vivir mejor, estudiar y recién adquirir “conciencia social”, es decir, respeto a sus semejantes, sean obreros campesinos, empleados para que en igualdad de condiciones y derechos, de forma conjunta, en paz, acuerdos concertados y trabajo, construyan la Patria que ellos y todos los bolivianos deseamos.