José Luis Saavedra
El propósito del presente artículo es de-mostrar que el gobierno del presidente Evo flexibiliza, en realidad neo-liberaliza, cada vez más, su política energética, devaluando la misma nacionalización de las empresas petroleras, que -ciertamente- nunca pasó de una simple compra de acciones y consiguiente modificación de los contratos.
Inicialmente y supuesta la necesidad de “acelerar las inversiones” en exploración e industrialización de los hidrocarburos, el Gobierno dejó sentado (lo dijo el vicepresidente García Linera el 23 de mayo pasado en el acto inaugural del III Congreso de Gas y Petróleo, que se realizó en el hotel Los Tajibos de la ciudad de Santa Cruz) que está dispuesto a ingresar, es decir a avasallar y violentar parques nacionales y áreas protegidas (sin que importe -en modo alguno- su calidad de reserva biológica, ni la riqueza de la biodiversidad, menos, mucho menos los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que las habitan) para buscar gas y petróleo. Es pues obvio que al Gobierno no le interesa (en absoluto) el daño, el perjuicio, la contaminación, ni el deterioro ambiental que dejan las exploraciones de hidrocarburos. Explorar significa perforar y por consiguiente liberar líquidos contaminantes.
El vicepresidente Linera dijo además que se alista un decreto que contempla la devolución (nada menos que la devolución y consiguiente restitución) de recursos económicos, en muy corto plazo, a las compañías petroleras, es decir a las empresas capitalistas transnacionales (corporaciones de la dominación imperialista), que realicen actividades exploratorias en el marco de futuros contratos. El objetivo –indicó- es ejecutar una rápida “recuperación” de la inversión en exploración. Los fomentos serán (obviamente) monetarios y que además se agilizarán, es decir que se aligerarán los trámites para las licencias ambientales, que -según Linera- son los actuales obstáculos. No olvidemos que el actual proyecto de la nueva ley minera elude y en realidad anula (flagrantemente) la consulta previa a las comunidades indígenas en la fase de prospección y exploración de operaciones mineras.
Linera enfatizó que hay vastas zonas con potencial exploratorio que fueron declaradas como parques naturales por anteriores gobiernos (neo-liberales), supuestamente por influencia de potencias extranjeras “interesadas” (¿entre ellas Irán o Rusia?) en impedir que esos recursos sean explotados por el Gobierno. ¿Así que -por un extraño arte de birlibirloque- la defensa de los derechos territoriales y la misma lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios -ahora- son simples derivativos del interés imperialista?, ¡vaya ingenuismo ramplón el de este vicepresidente que dizque ha leído 5 mil libros!
Linera prometió además que el gobierno del MAS hará todo lo que sea necesario (ojo, todo) para ingresar a las aéreas naturales o ‘parques’ nacionales, es decir a los territorios indígenas, con el objetivo de explotar la riqueza petrolera. Aquí se podría alegar un montón de argumentos para demostrar el carácter depredador de las políticas radicalmente extractivistas del gobierno del presidente Evo; pero, por razones de espacio, vamos a limitarnos a referir las lúcidas percepciones de Karina Aranda, quien refiere las graves consecuencias (como la deforestación) emergentes de las políticas de exploración y explotación de los hidrocarburos.
“Las consecuencias para el medioambiente son catastróficas y van desde la generación de residuos orgánicos e inorgánicos peligrosos hasta la contaminación hídrica y atmosférica, pasando por la pérdida de biodiversidad, la afectación de ecosistemas terrestres y acuáticos, y la erosión del suelo.
“En el ámbito social el panorama es aún más desolador, ya que buena parte de las áreas protegidas se sobreponen con territorios indígenas, repartidos en regiones amazónicas, boscosas y chaqueñas. Los grupos étnicos que las habitan viven en estrecha relación con su entorno, manteniendo sus costumbres y consumiendo lo necesario para su subsistencia.
“La implementación de actividades exploratorias en sus territorios no sólo significaría la contaminación paulatina del medio en el que viven (lo que a la postre los condenaría a la extinción), sino también la deforestación de sus territorios y la penetración e invasión de colonos, que aprovecharían las brechas abiertas por las labores sísmicas.
“En resumen, la exploración hidrocarburífera genera un alto precio ambiental y social, que el Gobierno nacional está dispuesto a pagar a costa de la desaparición de las áreas de protección natural y la invasión y etnocidio de las poblaciones indígenas que habitan estos territorios”. (En: Malhablada, julio 2013).
Es por ésta y por muchas otras razones que las organizaciones y líderes indígenas critican el doble discurso del Gobierno y del propio Linera, cuyo indigenismo (que no indianismo) es, pues, absolutamente funcional al sistema mundial de la economía moderno colonial y capitalista, que si bien habla (sólo habla) de la Madre tierra y/o del vivir bien, no duda en avasallar, atropellar y violar los territorios indígenas para favorecer y beneficiar a las grandes empresas transnacionales: mineras y petroleras.
Qué nos queda, pues reactivar la lucha, la movilización y -por qué no- el levantamiento del conjunto de los pueblos indígena originario campesinos de manera que se pueda rechazar contundentemente y expulsar (sin indemnización alguna) a todas las empresas petroleras, mineras y forestales, sean nacionales o transnacionales, de cada uno de los parques naturales, áreas protegidas y territorios indígenas.
El autor es docente en la UMSA.
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