Hay propensión, y hasta cierta costumbre en instituciones, políticos, parlamentarios y hasta medios de comunicación, por utilizar el término “avasallar” para definir a quienes actúan de asaltantes de propiedades ajenas, asaltan y hacen daño a las personas, se apoderan de lo que no les pertenece e imponen su voluntad.
El término está mal utilizado porque “avasallar” es, simplemente convertir a las personas en vasallos y someterlas a la voluntad de quien viola normas, principios y no respeta la condición humana. Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española da la siguiente definición: “Sujetar, rendir o someter a obediencia; hacerse (o imponer la condición) súbdito o vasallo de algún rey o señor; sujetarse, someterse por impotencia o debilidad al que tiene poder o valimiento”.
El departamento de Santa Cruz se ha convertido, en los últimos años, en víctima de los asaltantes de propiedades, sean viviendas, haciendas, ganado, sembradíos, cosechas, etc. Personas que, atenidas al poder económico, político o social que tienen, piensan que “todo es de ellos” y, alegando cualquier sinrazón, desalojan a los legítimos propietarios y se convierten en “nuevos dueños” de lo ajeno. Generalmente lo hacen prevalidos de que ni la Policía ni autoridad alguna los apresará y pondrá a disposición de Juez competente para que les aplique las leyes.
“Avasallar”, “avasallamiento”, “avasallador”, “avasallante” no son calificativos que puedan aplicarse a los asaltantes de la propiedad privada o pública. Esos elementos son, simplemente, ladrones, cuatreros, delincuentes.
Quienes utilizan los términos alusivos a “convertir en vasallos” a las personas, tal vez por utilizar un término muy largo y, además, “agradable” al oído de mucha gente, deberían abstenerse de semejante error. Últimamente, en la Cámara de Diputados se hablaba de la “Ley del avasallamiento” o tal vez sea “ley contra el avasallamiento” y no corresponde, especialmente si las leyes establecen claramente lo que es delito, como el asalto, el robo, el latrocinio, el pillaje que son muy graves y que, en muchos casos, son acompañados por atentados directos a los derechos humanos porque los delincuentes hieren con armas de fuego o armas blancas hasta llegar al asesinato de quienes quieren defender sus derechos y propiedad.
Tanto las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como las instituciones y medios de comunicación deberían utilizar los términos apropiados para referirse a los asaltos y otros medios de apoderarse de lo ajeno. Conviene no olvidar que el uso incorrecto de un término determina muchas veces su incorporación en los diccionarios de la lengua y el término “avasallamiento” no merece estar en los documentos oficiales del idioma.
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