Entre abuso y pérdida de autoridad

Por fuerza del calendario político, este será nomás un año marcado por las campañas proselitistas, aunque desde el oficialismo la tónica de gobierno fue andar siempre en campaña. Todo lo que se hizo y se organizó desde el 2005 estuvo en función de sus afanes de perpetuidad que no tendrían que extrañar, desde la lógica política en que se sustentan.

A lo largo de la historia, regímenes de similar catadura, en todo tiempo y lugar, actuaron igual, a despecho de cómo llegaron al Poder. Unos por vía democrática y otros por el golpe de Estado, trabajaron de principio a fin para quedarse “hasta siempre”. García Meza llegó por vía del golpe y pretendía gobernar 20 años. Los Castro tomaron el poder por la revolución y superan de lejos el medio siglo. Hitler fue canciller y presidente electo de la Alemania nazi entre 1933 y 1945, para citar algunos casos.

En esa perspectiva de afanes de poder eterno, la última ocurrencia del ahora Cuarto Poder del Estado se tendría que considerar como una más de tantas tropelías cometidas a título de “tiempos de cambio” en democracia. Pero provoca rebelión su forma torpe de actuar para apoyar al proyecto de gobernar “para siempre”. Porque insulta a la inteligencia ajena al mismo tiempo que revela una insólita falta de inteligencia.

De las tantas prohibiciones y sanciones que incluye su recién aprobado reglamento electoral las más burdas impiden, por ejemplo, el proselitismo político y las actividades que tienen que ver con la difusión de las consultas de opinión. Porque vulneran derechos constitucionales al punto que hacen impracticable e inaplicable la norma misma. Por eso la impugnaron oficialistas y opositores generando un desgaste prematuro y casi total del principio de autoridad y competencia.

Entre muchas cosas se prohíbe a los medios, vaya uno a saber con qué derecho, difundir “estudios de opinión para fines electorales sin estar habilitados” por “Tribunal Electoral competente”, bajo pena de multa. Igual que a las “empresas especializadas de opinión pública, de medios de comunicación u organismos de observación electoral, nacional o internacional”.

Por ocurrencia de no se sabe quién, resulta ahora que para ejercer su derecho de informar y opinar sobre “consultas de opinión”, los medios de prensa tienen que estar “habilitados” por ese tribunal que, si por alguna de las graciosas competencias que asumió de mutuo propio no habilita a algún medio “odioso” para alguien, le podrá además cobrar una multa pecuniaria también ilegal, por muy alto o bajo que sea su monto.

En la primera elección de jueces por votación popular, cuyas consecuencias conoce el país, ya hubo cortapisas a las libertades de expresión, información y opinión. Las de ahora vulneran también derechos como el de la libre empresa, pues las de comunicación y las de sondeos y estudios de opinión requieren habilitación del “Tribunal Electoral competente” para realizar sus tareas específicas.

¿Cómo creerán, los autores del absurdo, que se desarrollan y operan las organizaciones que hacen política en las sociedades organizadas? ¿Cómo suponen que se forman las corrientes de opinión si la gente no conoce lo que ocurre en su mercado político? Pero sobre todo, ¿quién y con qué criterio definirá cuáles son los “estudios de opinión para fines electorales”?

Con igual argumento con el que se pretendió justificar, por ejemplo, ignorar que la proclamación del binomio oficialista en un congreso sindical vulneró flagrantemente la Resolución, cualquiera podría justificar acciones similares. Si todo vale para un candidato, mientras no se inscriba en el Órgano Electoral, todo vale también para cualquier medio de comunicación o empresa de estudios de opinión mientras no se haya inscrito. Con la agravante, para bien, de que ninguna de esas empresas tiene obligación legal de habilitarse en “Tribunal electoral competente” alguno mientras no postule a nada. Para ejercer derechos, como los de libertad de expresión, de opinión o de trabajo no se requiere permiso alguno, porque están claramente reconocidos en la Constitución.

El último estudio de Latinobarómetro revela que el 61 por ciento de los bolivianos apoya la vida en democracia. Y la democracia implica reglas justas para todos. El estudio revela también que sólo el 36 por ciento de la gente considera “justas” las condiciones en que cumplen su tarea los partidos políticos, en contraste con el 59 por ciento del 2007. No vaya a ser que esa diferencia porcentual de 23 puntos refleje el nivel real de desgaste político tras siete años de gestión, lo cual podía interpretarse también como una explicación al absurdo de la nueva tropelía del Órgano Electoral.

Si es así, habría que recordar que abuso e incompetencia generan pérdida, porque la autoridad no nace del cargo que se ejerce sino de la capacidad profesional, de la experiencia y de la estatura ética y moral que permiten actuar con justicia y generan respeto ajeno.