Después que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, revelara que una comisión de su despacho es la que evalúa a qué medios se otorga publicidad estatal, financiada con recursos públicos, representantes de la prensa lamentaron que el Gobierno actúe bajo criterios políticos en ese sentido, pues mientras las cadenas afines al régimen llegan a percibir hasta Bs 3 millones, otras empresas no tienen ni un centavo por avisos.
Para el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, el tema de la publicidad estatal debe responder a criterios eminentemente técnicos y no a opciones políticas que lo único que demuestran es este manejo errado desde las entidades gubernamentales.
“Para hacer cualquier campaña se debe estudiar el público objetivo, el mensaje e incluso el lenguaje que se usa. Si la asignación de publicidad se rige en ese sentido es democrático, en la medida que se elijan los medios por esos factores técnicos”, dijo.
Asimismo, el periodista cuestionó el criterio de la titular del despacho de Comunicación, cuando asegura que en los medios de comunicación existen “tendencias” políticas, peor aún “racistas o antinacionales”.
“Ese criterio es discriminador para los medios, por ejemplo, dijo que la red Erbol sólo da noticias negativas del Gobierno y que ya no es referente nacional, pero eso también es democracia porque las minorías que no están de acuerdo con el gobierno o sus autoridades tienen derecho a informarse”, manifestó.
Dávila manifestó que la publicidad estatal llega al “99% de los medios”, y que las grandes cadenas televisivas, por ejemplo, cobran y facturan hasta Bs 3 ó 5 millones al año. Sin embargo, medios críticos como radio Deseo FM, perteneciente al colectivo de feministas Mujeres Creando no cuenta con publicidad estatal.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, la “confesión” de Dávila sólo desnuda una verdad, que el Ministerio de Comunicación reparte publicidad de forma “prebendal”, positiva para los medios “complacientes” y negativa para los críticos.
“La ministra se olvida que los presupuestos destinados a la promoción de las gestiones gubernamentales son recursos públicos y de ninguna manera de partidos políticos o de caudillos, por tanto estos deberían asignarse bajo criterios de alcance y cobertura geográfica”, explica el académico a través de las redes sociales.
Vargas también plantea la elaboración de una norma que regule y controle el uso de los gastos públicos que son de todos los bolivianos, pero que actualmente sólo benefician a empresas que tienen afinidad, propiedad o línea del proceso de cambio.
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