Ante la proclamación en Camiri del binomio oficial Evo Morales-Álvaro García Linera por los trabajadores petroleros de ese distrito, proclamación que constituye un acto electoral por excelencia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sale a decir que la “promoción” de candidatos, caminatas (caravanas), fijación de panfletos y otros no son faltas proselitistas que puedan derivar en sanciones, no obstante, poco antes reiteró que todo acto preelectoral será sancionado pecuniariamente si los mismos se realizan antes del registro de candidatos y el TSE dé a conocer la convocatoria a elecciones y el calendario correspondientes.
De este modo irregular cubrió piadosamente la señalada proclamación efectuada en flagrante contradicción a la Ley de Régimen Electoral y a sus propias afirmaciones. No le cupo otra cosa que validar así, contra su voluntad, las acciones proselitistas paralelas del candidato antagonista Juan del Granado. Las primeras advertencias del TSE se dirigieron a las empresas de encuestas en sentido de prohibirles difundir sus encuestas o estudios de percepción de voto en los medios de comunicación, mediante sanciones de 60 salarios mínimos tanto a las empresas como a los medios.
Las encuestadoras deben inscribirse en el Tribunal Electoral 45 días anteriores a la elección. La propaganda política por los distintos medios sólo puede difundirse un mes previo al plebiscito y las campañas pueden iniciarse 90 días antes al mismo. Esto involucra una contradicción, ya que no puede haber campaña sin propaganda, más aún cuando los medios audiovisuales son el medio más directo de llegar a los electores.
Complementando su servicio al oficialismo, el órgano electoral afirma que en oportunidad que el candidato Evo Morales hace entrega de obras todos los días, realiza “gestión pública” y no campaña, mientras la oposición debe mantenerse enclaustrada para no infringir una ley elaborada a la medida del partido oficial. En realidad, el Presidente y al presente otra vez candidato, rompe todo récord al encontrarse en campaña hace 8 años, mediante sus incesantes viajes y entregas de obras por mínimas que sean, sin que ninguna ley lo obligue a ello.
Ante tales condiciones tan duras, toda competencia electoral es casi imposible. Como se ve, desde la normativa, el órgano que preside el proceso, los ingentes medios estatales, etc., todo favorece a la candidatura oficial, por lo que la elección deriva en un mero acto formal de ratificación de los personajes que por tercera vez vienen ejerciendo el poder.
Estamos ante tapujos que cohíben el libre juego democrático y coartan inclusive el voto, porque el ciudadano apenas si puede asimilar o discriminar las plataformas programáticas y a los propios candidatos. Una muestra de que el proceso se dirige desde el centro del poder es que el presidente Morales anunció en Nueva York, en el Grupo de los 77, que la elección tendrá lugar “el primer domingo de octubre” próximo, fecha aún no resuelta ni anunciada por el TSE. Por algo se hace referencia a un “enlace” directo entre el Ejecutivo y el tantas veces mencionado Tribunal.
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