Apremios en la cuestión salarial

A la inmensa mayoría de la población boliviana, que vive exclusivamente de sueldos, salarios y pensiones jubilatorias, le apremia que la burocracia estudie y resuelva cuanto antes la fijación del nuevo salario mínimo y, sobre esta base, determine el ajuste de aquéllos.

Y, así, por elemental solidaridad social, proceda a pagar los ajustes desde enero, a más tardar en febrero, como sucedía en la República, mientras que en el Estado Plurinacional se lo hace casi a medio año.

El costo de vida subió lentamente en los últimos meses, pero se tornó incontrolable desde diciembre, por el anuncio del pago del doble aguinaldo. Mientras los burócratas demoran excesivamente en tomar decisiones, los comerciantes les ganan en tiempo y eficiencia. Las víctimas: los hogares.

Este año la cuestión se torna crítica por la presión inflacionaria, a raíz de las alzas de los precios en los alimentos, que es lo más acuciante. Los informes del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Ministerio de Economía carecen de fidelidad con lo que acontece a diario en los mercados, supermercados y negocios vecinales.

Suponen que los consumidores son unos burdos alarmistas, que a las horas de servirse la comida diaria prefieren distraerse con la TV y la radio, y no escuchar a las amas de casa quejarse de las dificultades y angustias que pasan para preparar los alimentos, por el aumento casi diario de precios en sus componentes.

Por lo menos esta vez, como parte de la campaña electoral del oficialismo, las discusiones con la COB no tienen que extenderse por más de una semana, una vez que ésta presente su pliego. Y, sobre tal base, definir los montos de sueldos y salarios, de manera que puedan ser pagados cuanto antes. Esto dependerá sólo de la sensibilidad social del Ministro de Economía.

Los actuales ingresos de los hogares han quedado cortos para hacer frente al aumento de los precios de los comestibles. En estas circunstancias, limitarse a hablar de los índices de precios del consumir que elabora el INE es un sarcasmo, cuando las carencias y el hambre afectan a más del 60 por ciento de la población boliviana.

La elocuencia del Reporte de Coyuntura No. 22, correspondiente a diciembre de 2013, de la Fundación Jubileo, desnudó con los números la realidad económico-social del presente. En la gestión pasada, de 39 productos alimenticios de la canasta básica de alimentos, 28 subieron de precio en La Paz y 20 en Cochabamba. En Santa Cruz 24 aumentaron de precio.

Una familia de cinco miembros necesita, al mes, en La Paz, de al menos Bs 1.391; en Cochabamba, Bs 1.317; y, en Santa Cruz, Bs 1.303, para cubrir las necesidades de la canasta básica de alimentos. Empero, las ciudades del eje del país puede suponerse que son las más desarrolladas, siempre dentro de las limitaciones del país. ¿Y qué pasa, entonces, con los habitantes del resto de la nación?

Una vez más, resulta también imprescindible destacar que los IPC del INE están acondicionados a fines políticos, antes que a un veraz reflejo de la realidad. A partir del año 2007, el Índice de Precios al Consumidor se sustenta en 364 bienes y servicios.

Al desagregar a sus componentes, redujo de 49 a 39 el rubro de alimentos. A cambio, para atenuar -encubrir- el resultado del IPC, incorporó a los aparatos de la línea blanca, así como a otros requisitos del hogar que no son de compra diaria, ni siquiera anual, con la inocultable finalidad de minimizar la influencia del aumento de precios en los alimentos.

El INE -el cambio de sus directores no implica variación en la camiseta que se les impone- sostiene que el IPC en 2013 fue de 6,48%; admite, seguramente a regañadientes, que fue mayor al previsto, que era del 4,54%.

En cambio, los estudios independientes de la Fundación Jubileo concluyen que hasta noviembre el IPC ha sido de 11,79%. Si se considera que el Gobierno resolvió que los sueldos y salarios sean beneficiados con dos aguinaldos, puede estimarse que el IPC real de 2013 cerró a diciembre por lo menos con el 12%, en los alimentos.

Jubileo sostiene, además, que en la gestión 2013, en general, el precio promedio de los alimentos se incrementó en niveles superiores a las cuatro gestiones anteriores.