Discriminación publicitaria

La Ministra de Comunicación dejó finalmente en claro con qué criterio se maneja la torta publicitaria estatal. Hay que congratularse y felicitarla por hacerlo. Pocas veces el Gobierno transparenta la forma en que toma decisiones que afectan a todos. Casi siempre, muchos temas se manejan de manera solapada y la gente se entera de hechos consumados sin conocer por qué ni para qué.

Pero discrepo con la colega Amanda Dávila, aunque a ella no le importe, con los criterios que dijo que sustentan su política al respecto. Hay razones técnicas elementales en materia de comunicación y fundamentales en materia ética, que sí importan a todos, para rebatir sus argumentos.

Cualquier plan de una campaña de comunicación depende del público objetivo de los mensajes. Eso determina el medio más idóneo para llegar a ese público, igual que del lenguaje. Eso es técnicamente correcto y fundamental para una selección verazmente democrática. No importa el color del gato, diría Mao, lo importante es que cace ratones.

Dijo que además toma en cuenta la comunión de los medios con “los intereses nacionales” y su respeto a principios de no al racismo y discriminación. ¿Pueden ella y su gente decir que algún medio del país está en contra de los intereses nacionales o que es racista, los pueden identificar y probar que es cierto? ¿Con qué mecanismos y parámetros se los clasifica? ¿Esa “clasificación” es técnicamente valida?

El quinto criterio dijo que tiene que ver con “la veracidad de la información”. ¿Cómo miden ese nivel de “veracidad”? Ella usó los micrófonos y el estudio de Erbol para decir que esa red “da siempre la información negativa del gobierno, tiene derecho, pero la población también tendría derecho a tener la otra parte” por lo que “es un referente para un cierto público muy opositor”. Por eso no se le da publicidad estatal. Ese “cierto público muy opositor” ¿no tiene derecho a ser informado sobre lo que hace el Gobierno? ¿Es eso democrático? ¿Hay temor a la crítica? ¿Hay basura bajo la alfombra o esqueletos en el armario?

De Página Siete criticó “los editoriales, los comentarios maliciosos, la tergiversación de los titulares” que “iban en contra de políticas que son clave, como la política marítima”. ¿No es eso censurar la libertad de opinión cuando nos llenamos la boca de democracia? ¿Se le teme al pensamiento ajeno o se pretende ampliar al país la prohibición al pensamiento libre?

Más pragmático, si no son “referente nacional” ¿por qué se actúa contra ellos? ¿Es justo que los impuestos que pagan financien o apoyen sólo a los medios que piensan igual que el gobierno? ¿Es útil gastar fondos estatales para convencer a los convencidos? Suena a discriminación, prebenda o compra de lealtades, que es grave. Pero sobre todo, insulta la inteligencia de la gente, lo que es poco inteligente.