¿Regulación de campañas? Misión imposible

¿Es posible regular eficaz e imparcialmente campañas electorales, en medio de una realidad política donde propaganda y campaña no se diferencian ni tienen tregua desde el 22 de enero del 2006? Temo una respuesta negativa. Y es que al entrar a toda máquina a un año electoral, no serán pocos los hechos polémicos que serán motivo de reflexión en este y otros espacios de opinión.

En los últimos días, son varias las voces críticas a la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el rechazo a los recursos interpuestos contra el MAS por adelantar la campaña electoral. Para eludir el bulto, el TSE indicó que su competencia regulatoria es aplicable a los 90 días previos al acto de votación, en los que las campañas son permitidas por ley, y para los cuales las faltas, delitos y sanciones están claramente establecidos, dejando entrever que no tienen facultad para intervenir antes de esos plazos explícitamente establecidos por ley. ¿Quiere decir que el TSE no puede sancionar a quienes desde la oposición y el poder público hacen gala de actos proselitistas antes de ese periodo, más aún cuando se utiliza para ello recursos públicos financiados por todos los bolivianos? ¿Este vacío legal justifica dar rienda suelta a un desregulado y prematuro frenesí electoral?

Una reglamentación justa y coherente debiera considerar como delitos y faltas agravadas todas las actuaciones de tinte proselitista que ocurran antes de los plazos establecidos por ley, debiendo ser aún más cuidadosos en condiciones en las que la reelección presidencial está permitida, sin dejación eventual del cargo presidencial y en tiempos en los que el clientelismo y la prebenda alcanzaron límites hiperinflacionarios sin precedentes.

Lamentablemente, preocupa que más allá de las dudas sobre la imparcialidad del Órgano Electoral, la realidad de los hechos haya desbordado toda posibilidad de rectificar la persistente garúa proselitista -a veces lluvia torrencial- a la que todo el año 2012 nos acostumbró el Gobierno. Los casos de Camiri, Huanuni, y otros episodios son apenas anécdotas en medio de una serie de eventos en los que gobernadores, dirigentes medios y organizaciones sociales pertenecientes y afines al MAS, pierden todo control ante la presencia del binomio Morales-García, so pretexto de hacer gestión, para sin querer queriendo caer en manifestaciones típicas de una campaña electoral caliente. En este nuevo orden, a la oposición no le queda otro camino que dejar testimonio escrito de sus denuncias y sumarse al festival preelectoral en el marco de sus limitaciones políticas y materiales y de la competencia interna de sus inciertas candidaturas.

Es curioso, al desahuciarse un mínimo apoyo financiero público a los partidos políticos, al no poner límites al costo de campañas y sanciones al uso público de los bienes del Estado a favor de una facción empoderada, se ha procedido a una suerte de privatización de la política con consecuencias inequitativas de la política, cada vez más visibles. En el otro extremo, el desborde del ímpetu electoral del Gobierno conduce a una desregulación neoliberal de la competencia política, a la impotencia del TSE, al chipe libre y al dumping de los más poderosos. En suma, la aplicación de la desregulación neoliberal a la política tiene el sello paradójico del MAS.

Definitivamente, la combinación de ingredientes asociados a la gestión gubernamental, a la avidez de reproducir el poder, a la propaganda y a la inoperancia de un órgano electoral sin poder real, puede ser una letal influencia al desarrollo de bases de legitimidad de una competencia política justa, plural y democrática.