Si se cumplía con la Ley No. 3.058 y el Decreto Supremo No. 28.701 y se destinaba el dinero de la bonanza económica del país a gastos e inversiones destinados a satisfacer las necesidades de la población boliviana (salir de la pobreza, contar con mejores servicios de salud, educación, vivienda, etc.), con seguridad el beneplácito del pueblo boliviano habría sido unánime, pero la realidad es otra. Citamos algunas falencias de las muchas observadas por la opinión pública:
NACIONALIZACIÓN
La sui generis nacionalización de los hidrocarburos en los términos legales en vigencia no se materializó, se limitó solamente a la adecuación de los contratos petroleros a la ley y al incremento tributario del 50% (32% IDH y 18% regalías), por lo demás el Gobierno plurinacional continúa con la política energética neoliberal exportadora de materias primas sin valor agregado.
Las deficiencias y limitaciones de la política energética del Gobierno está a la vista de propios y extraños, por ejemplo: no hay inversiones de magnitud que permitan intensificar la exploración e incrementar las reservas que actualmente disminuyen. Por otra parte la dependencia petrolera estatal de las empresas foráneas continúa latente, veamos: el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) dice: “La información sobre las áreas petroleras, las reservas y la producción de hidrocarburos revela que el control del sector sigue en manos de las empresas petroleras transnacionales. El decreto nacionalizador no afectó el dominio de las empresas petroleras transnacionales, cerca del 80% continúa en sus manos”.
INDUSTRIALIZACIÓN
Es hora de replantear la industrialización del gas como una medida impostergable para el desarrollo industrial del país; es tiempo para que las instituciones sociales, cívicas, sindicales, colegio de profesionales, universidades, etc. se despojen de la inercia, de la pasividad enervante y de otros defectos que son causas de pobreza, subdesarrollo y dependencia de los gobiernos de turno que manejan el dinero del pueblo boliviano discrecionalmente, sin licitaciones públicas ni control fiscal, por lo que hay propensión a la corrupción.
La industrialización del gas natural es prioritaria, al respecto, técnicos petroleros y expertos en materia energética ha manifestado que “sí se puede industrializar el gas natural, sin dejar de exportar los excedentes”. Este reto histórico dará lugar a mejores condiciones de vida para los bolivianos, mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación, supresión de la importación del diésel oíl y otros combustibles, supresión de las subvenciones millonarias que actualmente bordean los 1.060 millones de dólares, etc.
PAÍS POBRE REGALA LICUABLES
Mientras los partidos políticos se hallan enfrascados en la lucha por el poder, por el dulce poder de enriquecimiento ilícito, Bolivia continúa perdiendo millones de dólares, que benefician a petroleras transnacionales, por los licuables contenidos en el gas rico exportado a la Argentina desde 1972, y al Brasil desde 1999.
Hasta hoy no existe un Gobierno patriota que exija el pago de una justa compensación al valor real de los licuables exportados (GLP, gasolinas y otros).
Con la miniplanta separadora de licuables de Río Grande (Santa Cruz), que actualmente procesa 5,7 millones de metros cúbicos día de gas (5,7 MMmcd), el regalo de licuables al coloso Brasil continúa imparable, mientras el depauperado pueblo boliviano sumido en la pobreza sigue de observador, permitiendo a transnacionales el robo de nuestras riquezas naturales, ¡hasta cuándo!
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