Las pensiones escolares y la economía familiar

El caso de las pensiones en colegios y escuelas particulares es patético en cada año. La mayoría de los establecimientos educativos que son manejados por entidades religiosas, instituciones o personas particulares, parecería que ha tomado a la educación como un negocio que debe prosperar y ganar mucho dinero. No hay otra explicación para la elevación continua del costo de las pensiones.

Que los procesos inflacionarios y la elevación excesiva de la canasta familiar, el encarecimiento de todos los implementos necesarios para una buena y sana educación de niños y jóvenes, el incremento de sueldos, el mantenimiento y hasta ampliación de los locales escolares implican fuertes gastos, es evidente y nadie en su sano juicio puede ignorarlos; pero en la mayoría de los casos y ante cualquier situación de encarecimiento de la vida, los colegios aumentan pensiones con grave detrimento para los presupuestos familiares.

Al margen de las pensiones escolares, hay la inveterada costumbre de “festejar” cualquier acontecimiento con cuotas que los niños o jóvenes deben aportar; luego, en algunos colegios se exige aportes para pintado, reparación de bancos, compra de vidrios, etc. que los alumnos deben solventar, por supuesto con el sacrificio de sus padres.

Es muy importante que los propietarios de escuelas y colegios particulares tomen conciencia de que la educación es un servicio y no un “instrumento o medio” para ganar dinero o, simplemente, para pagar sueldos a los maestros y personal administrativo que, efectivamente, merecen ganar bien y pedir incrementos salariales conforme a los índices inflacionarios que generalmente son menores a lo que realmente ha subido el costo de vida, pero todo debería estar enmarcado en la racionalidad.

Otro elemento que es importante tomar en cuenta: muchos de los colegios y escuelas cuentan con sus propias librerías y con material mucho más caro que en las públicas; lo grave radica en que “hay obligación de comprar en la librería del colegio”. Esto es un atentado contra los derechos de las personas de adquirir sus útiles escolares en donde haya más racionalidad en los precios y hasta una mejor calidad.

El Gobierno tendría mucho que hacer en estos casos y ver, en coordinación con los propietarios, políticas más acordes con la función de la educación: no se puede elevar considerablemente las pensiones, debe evitarse las cuotas extras a las pensiones y los materiales necesarios deben y pueden ser adquiridos en cualquier librería. Hay cuestiones que el Ministerio de Educación debería analizar, estudiar y remediar; pero más son las declaraciones oficiales que los hechos, que no siempre están en concordancia con una educación que merece ser plena, científica y acorde con las urgencias del desarrollo y excelente formación de niños y jóvenes.