El dramático anuncio acerca de que la importación de arroz aumentó ¡quince veces! el año pasado, ha constituido el tiro de gracia para la agricultura no tradicional y tradicional de nuestro país. Además, nadie pensó que ese resultado sería obra del Gobierno actual, continuador incondicional de las políticas agrarias y agropecuarias de los anteriores gobiernos.
Esa lamentable noticia se suma a otras que anticiparon el desastre de la actividad económica del medio rural del país, entre las que hay que hacer referencia al derrumbe de la producción de trigo, maíz y papa. Así mismo, se debe señalar la catástrofe en la producción de verduras, fruta y varios tipos de alimentos que anteriormente llenaban, por lo menos para que no haya escasez, los mercados de consumo de las ciudades.
El dato más alarmante de la crisis agropecuaria lo dio el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que afirmó a calzón quitado que el año pasado el valor de la compra de arroz fue 15 veces más que el año 2012 y pasó de 1.6 millones de toneladas a nada menos 16.7 millones de dólares, referencia verdaderamente espectacular y que revela la magnitud del problema alimenticio que encara la población boliviana.
En otros términos generales esa crisis se manifiesta con mayor crudeza, al mostrar que para que el pueblo boliviano pueda llenar el estómago, necesita de alrededor de mil millones de dólares para importar alimentos, los mismos que son comprados con altos precios para ser vendidos por la mitad de lo gastado, o sea para subvencionar a la población.
Ahí no termina esta situación que raya en la catástrofe, pues, si no hubiesen los dólares que producen las exportaciones de gas y algunos minerales con altos precios, gracias a la subida de las cotizaciones en el mercado mundial, el pueblo boliviano estaría pasando por un verdadero estado de hambruna y no producto de problemas climáticos, escasez de semillas, etc., sino por la increíble incapacidad técnica y política de la burocracia encargada de atender al sector agrario del país.
El problema de la crisis agraria en que se encuentra el pueblo boliviano, la inseguridad alimentaria, y la ineficiencia de los funcionarios encargados de atender la agricultura del país fueron denunciados insistentemente por medio de la prensa, pero sólo se encontró oídos sordos y con frecuencia la repetición de mentiras y programas fantasiosos que burlaban el más elemental sentido común.
Es más, no sólo se mostró que el país estaba marchando hacia una crítica situación en la producción de alimentos, sino también se insistió en mostrar las causas que determinaban ese efecto catastrófico. Así mismo, se remarcó en toda oportunidad que las medidas de gobierno que se adoptaba en algunas oportunidades estaban destinadas al fracaso, como confirmaron los hechos.
Ahora frente al catastrófico resultado de los funcionarios encargados de atender la economía rural, sólo queda insistir en las soluciones ya señaladas en las columnas de prensa desde hace años y sin variación alguna, remedios que consisten, en primer lugar, en modificar a fondo las medidas agrarias que se incluye en la Constitución Política vigente y una serie de leyes agrarias dictadas en años recientes y, en segundo lugar, remover a toda la burocracia agraria del país a partir del Ministerio del caso, dependencias legales, oficinas técnicas, mecanismos parlamentarios y todo el inútil aparato relacionado con la agricultura, aunque ya es demasiado tarde.
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