El desarrollo no puede depender de elecciones

Con mucha persistencia se dice que hay disposiciones y decretos que serían dictados “luego de las elecciones”. Una afirmación que se la debería calificar como negativa y falsa porque el desarrollo, la solución de problemas, los programas gubernamentales, las realizaciones públicas o privadas que haya en el país y muchos hechos positivos no pueden ni deben depender de los procesos electorales.

Resulta “hilar muy fino” sostener que el partido de gobierno “no dicta determinadas leyes por no resultar impopular ante organizaciones sociales o instituciones y pueblo por dictar normas que, de una u otra forma, impliquen rechazo al candidato oficial”. Este extremo habría que descartarlo por absurdo y contrario a toda lógica, porque la buena marcha del país, la vigencia de sus leyes y disposiciones menores no pueden determinar la marcha del proceso eleccionario.

La elección mediante votación de los gobernantes y miembros del Poder Legislativo (no de senadores y diputados plurinominales que son designados “a dedo” y no son fruto de la decisión ciudadana) es una acción política legítima de un proceso democrático; es elegir a quienes vayan a regir el destino del país y son elementos reconocidos por la Constitución y las leyes para administrar la nación.

Las elecciones, si bien son propiciadas, auspiciadas y dirigidas y programadas por la política partidista, deben marchar por su cuenta y riesgo que correspondan; no deberían ser instrumento de publicidad o propaganda. Todos los procesos pre-electorales son desafíos que tienen las organizaciones partidistas y deben estar al margen de lo que el Gobierno haga en su administración del Estado.

Es de absoluta incumbencia y conveniencia del Gobierno no supeditar las leyes o decretos necesarios para la marcha normal del país, al proceso electoral o a sus resultados, porque lo contrario significaría que si alguna organización que es antagonista del Gobierno impulsara una ley o disposición legal, necesaria para el Estado, no recibiría la misma atención ni tendría el derecho que tienen otras. De ser así, cada instancia empresarial, económica o social tendría que estar sujeta a los intereses del Gobierno de turno y su partido político.

Será muy bueno cuidar estos aspectos de la vida nacional porque si bien son importantes las elecciones, lo es mucho más -al menos de momento- la aprobación de leyes como la de inversiones, de minería, hidrocarburos, de impuestos que deben pagar los renuentes, como los cooperativistas y campesinos cocaleros, y otras normas para las que no se debe esperar resultados eleccionarios de ninguna clase. Tampoco, en algún caso, se debería dar señales de que no habrá aprobación a lo que el país necesita sólo porque los interesados son contrarios a las conveniencias político-partidistas del Gobierno.