Pacto del silencio

Silencio es lo que desde hace muchos años han acordado secretamente los vecinos de barrios periféricos de las ciudades, así como los pobladores de las provincias y cantones de Bolivia. En principio, los delincuentes y violadores sexuales que eran sorprendidos in fraganti, eran castigados cruelmente (a garrotazos o piedrazos), supuestamente para escarmentarlos, y sólo después conducidos y entregados a las autoridades policiales, para que previa investigación de hechos delictivos y criminales, ellos sean sancionados según las leyes.

Pero en la cruda realidad, a pocos minutos de haberlos tenido en celdas policiales y con el supuesto pago de una multa pecuniaria, de inmediato eran puestos en libertad, para que una vez restablecidos de la paliza recibida, vuelvan con más ganas a reincidir una y varias veces. Esto provocó, como no podía ser de otra manera, que esos vecinos y esos pobladores se sintieran defraudados por las autoridades policiales, y sólo entonces también decidieron hacer “justicia comunitaria” con sus propias manos.

“Justicia comunitaria” que como reguero de pólvora se ha extendido a todos los rincones de nuestro país, y ha creado un círculo vicioso entre linchadores y policías, donde los primeros sin consideración acortan las vidas de los “primeros sospechosos” que encuentran, (entiéndase bien, “sospechosos”), porque los verdaderos delincuentes como por arte de magia desaparecieron del lugar de los hechos. Y lo segundos, que como de costumbre, tardíamente llegan para recoger los cadáveres desfigurados, calcinados o tan sólo cenizas, y ante cualquier pregunta que hacen a los vecinos de las zonas o pobladores de provincias y cantones, reciben por respuesta sólo señales de manos, dando a entender que ¡nada han visto!, ¡nada han escuchado! y ¡nada saben!

Y recalcamos, primeros “sospechosos” que casual o accidentalmente estaban de paso o se encontraban en el lugar de los hechos en el momento equivocado, y como los vecinos debían desfogar su furia acumulada por varios robos anteriores, sin piedad los asesinan en nombre de la “justicia comunitaria”. Y para no ser inculpados por la ley, lo primero que hacen es hacer desaparecer las identificaciones personales de los asesinados, y por eso en muchos casos no se sabe quiénes eran las víctimas.

El ciudadano común considera que la única manera de detener la acción irracional de la “justicia comunitaria” es proceder de inmediato a la reapertura de comisarías policiales, tanto zonales como poblacionales, incomprensiblemente cerradas desde muchos años, ya que con los años, así como se ha multiplicado nuestra población humana, también se han extendido nuestras ciudades. Y, lamentablemente, al no haber protección a las vidas de los ciudadanos y mucho menos a la propiedad pública y privada, nuestro país se ha convertido en campo abierto para la actividad delictiva y criminal, donde libremente se puede robar y matar, a plena luz del día.

Por todo lo anterior, es imprescindible la creación de más comisarías policiales, que tengan sus propios edificios dotados de infraestructura, con consultorios médico-forenses, laboratorios criminalísticos, celdas de detención, vehículos, celulares y ambulancias, para su inmediato desplazamiento a los lugares donde sea requerida su presencia. ¿Verdad que sí?