Defensor del contribuyente

El SIN informa, en cada gestión, que ha superado las recaudaciones de la gestión anterior, lo que podría entenderse como algo positivo si el criterio del gasto público no fuera el despilfarro.

Quizá sin coordinar con el gobierno, lo que sería muy extraño, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la mecánica (ley 317, artículos 4, 5 y 6) por la cual el SIN clausura negocios porque alguna vez han vendido sin factura.

Los comerciantes y empresarios que eran víctimas de este procedimiento de parte del SIN (nombre que se entiende mejor en inglés) han festejado el fallo y han denunciado todo un sistema de chantaje de parte de los agentes del gobierno.

Los gremiales anuncian que iniciarán acciones legales para que el SIN pague indemnizaciones a los empresarios a los que estuvo flagelando.

Hay otro filón que el Tribunal Constitucional tendría que considerar: el de las multas que, con o sin motivo, y en algunos casos más de una vez por la misma causa, aplica el SIN.

Una fiscalización de las alegres cifras que ofrece la oficina de recaudación permitiría observar que ha crecido el porcentaje de “recaudaciones” que son producto de las multas.

Estas multas son inapelables de facto. Porque si a algún contribuyente se le ocurre apelar, entra en la lista negra y se lo atormenta con todo pretexto y con saña.

Se sabe que las oficinas de cobro de impuestos son odiadas en todo el mundo, pero la boliviana debe ser la más sañuda, porque -se vería en una auditoría- exprime a los mismos contribuyentes de siempre, a los giles que tienen la costumbre de pagar impuestos en medio de una multitud de evasores.

La OCDE acaba de poner a Bolivia entre los países con mayor recaudación tributaria respecto del PIB. Si se hiciera el cálculo respecto de la población exprimida, quizá Bolivia estaría en el primer lugar.

El Defensor del Pueblo no tiene tiempo para ocuparse de estas cosas, sobre todo en un gobierno como el actual, pero quizá pueda abrir una ventanilla que permita observar lo que pasa en las salas de tortura del SIN.

Hace falta un Defensor del Contribuyente.

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