El Tribunal Electoral en la mira

Comienzo manifestando mi escepticismo respecto al poder real que tiene el novísimo cuarto poder estatal para regular adecuadamente el comportamiento de organizaciones políticas cuando ingresamos a toda máquina a un año electoral. Lo cierto es que, una vez aceptadas las demandas que hicieran representantes de la oposición política denunciando la realización de campaña electoral anticipada por parte del oficialismo, los desafíos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son gigantescos. Y es que, independientemente de su imparcialidad, son varios los factores que incidirían en esta suerte de impotencia y de crecientes dudas sobre su desempeño.

Uno de estos tiene que ver con el hecho de que en términos reales desde la victoria electoral inédita del MAS hace 8 años, el Gobierno desplegó una política comunicacional en la que propaganda, información, manipulación y la idea de reproducir el poder no se diferencian, se confunden y no tienen tregua.

Frente a esta realidad, una reglamentación justa y coherente con los principios democráticos y de una competencia plural debiera ser más severa y rigurosa en condiciones en las que la reelección presidencial sin dejación del cargo está permitida y en tiempos en los que el clientelismo y la prebenda alcanzaron límites hiperinflacionarios sin precedentes. Los ladrillos, el material escolar, las gorras, las poleras y otros regalitos de campaña pasaron a la historia, hoy el Presidente candidato regala vehículos, sedes sociales y canchas sintéticas.

Por otra parte, el argumento de que las organizaciones sociales y las bases sorprenden al MAS con su entusiasmo proselitista a favor del binomio Morales-García es cínico y engañoso. Es importante que el Tribunal entienda que las organizaciones sociales campesinas, mal llamadas movimientos sociales (Bartolinas, CSUTCB e interculturales), son instancias orgánicas y constitutivas del MAS, cuyo origen como instrumento político es sindical y campesino. A este hecho se suma su condición de beneficiarios directos de recursos públicos del Fondo Indígena creado por la Ley de Hidrocarburos, cuyo dudoso manejo se denunció hace semanas. Curiosamente, por esta vía el MAS recibe financiamiento indirecto a partir del confuso rol político y social de sus organizaciones sociales constitutivas. En este marco y con la eliminación del apoyo financiero público a organizaciones políticas, el bloque minoritario enfrentará condiciones de competencia política desigual inéditas.

¿Tendrá el TSE la fortaleza institucional para sancionar a quienes desde el poder público hacen gala de actos proselitistas antes del calendario oficial, más aún cuando se utiliza para ello recursos públicos financiados por todos los bolivianos? Preocupa que, más allá de las dudas sobre la imparcialidad del Órgano Electoral, la realidad de los hechos haya desbordado toda posibilidad de rectificar la persistente garúa proselitista -a veces lluvia torrencial- a la que todo el año 2012 nos acostumbró el Gobierno. Los casos de Camiri, Huanuni denunciados son apenas anécdotas en medio de una serie de eventos marcados por manifestaciones típicas de una campaña electoral caliente. Definitivamente, la combinación de ingredientes asociados a la gestión gubernamental, al confuso rol de los mal llamados movimientos sociales, a la avidez de reproducir el poder, a la propaganda y a la debilidad de un órgano electoral sin poder real, puede ser una letal influencia para el desarrollo de bases de legitimidad de una competencia política justa, plural y democrática.