Analistas coinciden
El analista político Carlos Cordero explicó que el Gobierno reveló ayer, durante el informe presidencial, las nuevas características de estrategia y campaña electoral del oficialismo que explotará el tema de la privatización para atacar y tratar de anular a los candidatos opositores para las Elecciones Generales.
“Tanto el Presidente como el Vicepresidente nos mostraron cuáles van a ser las características de la campaña electoral del Gobierno con una fuerte dosis de rencor, y que quiere vivir en el pasado porque el Presidente ha leído artículos de prensa de hace 20 años”, dijo Cordero.
Asimismo, criticó el hecho de que el oficialismo pueda salir por alrededor de cinco horas en transmisión televisiva obligada y, en cambio, la oposición política sólo pueda defenderse de las burlas y acusaciones de los mandatarios en algunos minutos a los que podrán acceder en los medios.
“Ante esto, la oposición podrá responder a través de separatas y comunicaciones, medios en los que podrán defenderse de las críticas y así mostrar las propuestas nuevas que tienen para el futuro del país”, añadió.
Sobre el tema, el analista político Jorge Lazarte coincidió, añadiendo que la “investigación” que se desarrolla en la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa tiene la misma finalidad.
“Sin lugar a dudas, este tema de la privatización será un punto de ataque contra la oposición. El Vicepresidente pidió que se denuncie a través de un libro estos temas durante esta gestión de la Asamblea, para lo cual está claro que tienen finalidades electorales más que conocer qué es lo que legítimamente ha ocurrido y tienen propósitos electorales, porque se quiere vincular a muchos precandidatos o líderes políticos dado que el tema de la capitalización va a terminar con cargas procesales de acusación”, manifestó.
En lo referente a la oposición, sostuvo que ésta “es tan débil que contra un Gobierno que tiene todo en sus manos, sólo va a tener derecho al pataleo”.
Por otra parte, Lazarte expresó que el discurso presidencial difundido ayer cayó en un problema constitucional dado que debió ser emitido en agosto pasado y no en enero, así que podría ser objeto de denuncia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Según la Constitución Política del Estado, aprobada por el actual Gobierno, el informe de gestión debe ser realizado el 6 de agosto y no el 22 de enero, ya que en esa fecha empieza el nuevo año legislativo, este es un problema constitucional y puede ser recurrible al Tribunal Constitucional”, aseguró.
Asimismo, recordó que estos informes “deben ser cada año y no octonales, porque está claro que en ocho años se hace más que en cuatro”.
Para Lazarte la “gran paradoja” del Gobierno es que se presenta discursivamente anticapitalista, pero vive del capitalismo que le proporciona ingresos o la mejora en el precio de las materias primas. “Entonces, es un Gobierno anticapitalista que vive gracias al capitalismo”, indicó.
Finalmente, el exvicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, dijo a Panamericana que al menos hubo dos mentiras en el informe presidencial.
Por ejemplo, decir que ahora las mujeres reciben títulos agrarios gracias a este Gobierno es falso, pues fue el propio Cárdenas quien promulgó la ley INRA en 1996. También niega que la Ley de Hidrocarburos sea potestad de esta gestión, pues irónicamente el oficialismo se negó a aprobar la Ley del entonces presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, que posibilitó la modificación de los contratos petroleros.
Sobre el ataque del vicepresidente Alvaro García, Cárdenas lo calificó como “discurso de guerra sobre el pasado, criticar a gobiernos anteriores y no identificar las soluciones a los problemas de estos ocho años”.
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