Crisis de los órganos Judicial y Legislativo

Altas autoridades de los órganos Legislativo y Judicial han manifestado en forma reiterada que las dependencias bajo su control enfrentan graves crisis internas y esperan que en el curso del presente año sean superados los actos de corrupción, retardación, ineficiencia y otros factores que afectan los intereses del país.

La crisis terminal en que se encuentra el Órgano Legislativo es tan preocupante como la del Órgano Judicial. En efecto, las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura, al confirmar la existencia de corrupción en juzgados y fiscalías, han ofrecido tomar medidas heroicas destinadas “a revertir la aguda descomposición de la justicia” e inclusive el Vicepresidente del Estado dijo que la justicia se encuentra “en estado de coma”, y amenazó a los funcionarios con sanciones extremas.

No sólo los jueces, fiscales y otros funcionarios de esos aparatos del Estado (conocidos antes como poderes) se encuentran bajo la lupa moralista de autoridades de la alta jerarquía burocrática del país, sino también funcionarios de las unidades policiales, lo cual significaría que existe un proceso de descomposición interna en la mayor parte del Estado.

La descomposición interna en los mecanismos estatales también se refleja en forma específica en la Asamblea Legislativa, donde el problema también alcanza cotas preocupantes, según denuncias de sus principales autoridades. Una de esas denuncias provino en especial de una ex presidenta de la Cámara de diputados que remarcó que dicha Asamblea Legislativa, parte sustancial del Estado, enfrenta “gran debilidad” pese a que el país vive un momento de bonanza económica y “que no hay nivel central, departamental y municipal que no cuente con los recursos para aplicar la ley”.

La situación habría llegado a tal grado de anormalidad que el problema afectaría la aplicación de la misma Constitución que rige en el país. Al respecto, dicha ex autoridad afirmó que, en vista de las falencias existentes, será necesario que en el futuro la Asamblea Legislativa apruebe o modifique normas que hagan posible la implementación de la Constitución, cuya “aplicabilidad es baja” y requiere, como solución, el remedio de la “socialización”.

Por otra parte, el Fiscal General culpó por el crítico estado del sistema judicial a factores históricos y dijo que “Desmontar la estructura de justicia colonialista, de prebenda y corrupta, demanda un trabajo de muchos años”, aunque sin considerar que los ofrecimientos de superar la crisis judicial del país vienen desde hace ocho años, sin que se vislumbre mejoría y, en cambio, sólo se observe el agravamiento del enfermo.

El aspecto más ostensible de la crisis de los órganos Judicial y Legislativo se encuentra en que las diversas nuevas leyes, resoluciones y decretos que dictan no son conocidos por la población y no se aplican y, por tanto, el pueblo se encuentra en un estado de indefensión y a merced de fenómenos como la delincuencia, los linchamientos, la inseguridad ciudadana, por citar algunos de los factores que son pan de cada día.

El estado de cosas, en lo que se refiere a los órganos del Estado referidos, ha hecho decir a algunos parlamentarios que la Asamblea Legislativa se ha convertido en “una máquina” que aprueba leyes, pero que no se cumplen y, por tanto, no asume sus responsabilidades, por lo que el país marcha a la deriva. Así se confirma que el Estado en general estaría pasando por dificultades, pues inclusive el Poder Ejecutivo adolece de notorias deficiencias.