El gobierno de Evo Morales acaba de promulgar una ley cuyo contenido y forma impulsan el desarrollo de la economía capitalista. Se trata de la Ley 477, titulada Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras, de 2 de diciembre pasado. La disposición contribuirá en gran medida al mejor funcionamiento de ese sistema económico afectado por dificultades de diverso género.
La economía boliviana marcha con notable ritmo e intensidad por la vía capitalista, sistema que se estableció históricamente como resultado de la revolución de 1952 y en forma específica con la reforma agraria de 1953. Sin embargo, ese proceso no pudo marchar libremente por “arrastrar” una serie de resabios feudales que dificultaron su desarrollo. Es más, como efecto de la contrarrevolución agraria que se registró en 1964, el capitalismo rural boliviano dio varios pasos atrás, inclusive bajo el Gobierno actual que puso en vigencia medidas legales y aun constitucionales contra el desenvolvimiento de ese sistema económico.
Uno de los mayores problemas que registra el desarrollo capitalista agrario del país -cuyo principal escenario es el Departamento de Santa Cruz- es el asalto de propiedades rurales, el mismo que adquirió magnitud epidémica al extremo de que cerca de 80 fundos fueron invadidos y paralizadas sus actividades. Ante la gravedad de ese atropello de haciendas, la Asamblea Legislativa se apresuró en estudiar un proyecto de Ley, el mismo que fue promulgado por el presidente Evo Morales y que en su esencia garantiza, consolida y amplía el desarrollo de la economía capitalista en el país.
En efecto, la medida establece un “régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva (…) y el tráfico de tierras” (Art. 1). Es más, para asegurar ese régimen dispone un procedimiento especial para su cumplimiento, inclusive mediante el uso de la fuerza pública, la Policía e inclusive las Fuerzas Armadas (Arts. 5 y 6).
Es más, la disposición a favor del capitalismo dispone el desalojo de los avasalladores y, finalmente, incorpora al Código Penal tres artículos que terminan por garantizar el desarrollo capitalista. En ese sentido, los loteadores de haciendas serán condenados de tres a ocho años de cárcel. Más aún, “los que perturben el ejercicio de la posesión o del derecho propietario” serán privados del acceso a la tierra.
La Ley 477 tiene orientación capitalista por hacer defensa abierta y radical de la propiedad privada y cortar, al mismo tiempo, los deseos de algunos grupos anarquistas que tratan de destruir el nuevo régimen de producción que en Bolivia se encuentra en etapa de nacimiento y adolescencia, con el objetivo de retroceder al sistema del minifundio y la producción individual sin la menor tecnología, que hace subir los precios, causa escasez, produce inflación y obliga a la importación de alimentos.
Sin embargo, pese a que la ley contra el avasallamiento de tierras constituye un impulso a la existencia y desarrollo del capitalismo en el país, todavía ese sistema enfrenta enormes amenazas anticapitalistas y grandes frenos y distorsiones populistas (como la burocracia agraria carente de la menor orientación), que deben ser eliminados, de tal forma de permitir su libre funcionamiento para el progreso del país.
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