CIDH falla a favor del Estado boliviano en un caso de 2001

El procurador General del Estado, Hugo Montero, informó ayer a los medios gubernamentales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor del Estado boliviano en el caso que planteó la familia peruana Pacheco Tineo y otros por la supuesta vulneración y negación al estatus de refugiados durante el gobierno de Hugo Banzer en 2001.

“Hemos conseguido esta sentencia en la cual se establece que no existió prueba de todas las violaciones de los derechos humanos de estas personas que había cometido Bolivia. No había nada de eso”, declaró.

La Comisión interpuso el caso en 2002, tras la denuncia que interpuso Romualdo Pacheco junto a su esposa y tres hijos quienes fueron expulsados después que migración detectara su irregular ingreso al país

“Pacheco Osco solicitó al Estado de Bolivia el reconocimiento del estatuto de refugiados para todos los miembros de su familia debido a que de ser devueltos a Perú, estarían en una situación de riesgo. Esta solicitud fue resuelta desfavorablemente en horas, de manera sumaria y en violación de las garantías de debido proceso”, cita la reseña del caso en el portal de esta entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Ha sido el primer proceso que Bolivia ha afrontado como tal con un equipo de abogados bolivianos y con asesoramiento externo muy reducido, pero hemos ido adelante a defender al Estado en este tema”, destacó la autoridad.

Los peticionarios pedían más de 8 millones de dólares como indemnización, pero la Comisión falló a favor de Bolivia, aunque hubo una contradicción al ordenar un pago de 35 mil dólares como “monto de reparación”.

Dentro de los casos que conciernen a Bolivia, destaca también la denuncia que hicieron los exintegrantes del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), entre ellos el actual vicepresidente Alvaro García, su hermano Raúl, su exesposa Raquel Gutiérrez, Felipe Quispe “El Mallku” y otros contra el Estado por presunta violación a sus derechos y tortura durante su captura y detención que duró hasta cinco años en 1992.