Publi-propaganda electoral

Faltan varios meses para las elecciones nacionales y el escenario político se ha agudizado. En este “chenco” surge el Órgano Electoral que “prohíbe” la difusión de los derechos a difundir “estudios de opinión para fines electorales sin estar habilitados”. La titular de Comunicación dice que el Gobierno gasta 60 MM de Bs en “publicidad” (?), monto del cual el 30% se va a medios pequeños y el 70% a grandes consorcios mediáticos. Se arroga la función de otorgar estos servicios anteponiendo algunos criterios: 1) (…) alcance de los medios masivos, 2) democratización de la publicidad, 3) trabajo de los medios de acuerdo con los intereses nacionales, 4) (…) principio del NO al racismo y 5) veracidad de la información.

¿Cuál es el problema con los medios? O mejor, ¿qué medio funciona al margen de la CPE o miente? Si ello es así, se lo debe procesar.

Sobre el particular, sustentar conceptualmente sobre qué es la publicidad o la propaganda resulta fofo. Ambos -ahora- se elaboran en “maridaje”, es decir, la difusión/percepción de estos mensajes generan desconcierto respecto al objeto de cada una de ellas. Por ello, hablo de “publi-propaganda” (PP criolla) que entremezclan soportes de ambos, pero en “combo”. Esta criolla forma de elaborar la PP es desde hace mucho. En este panorama mediático destacan los spot televisivos y las cuñas sonoras del Gobierno: mi teleférico, papel bol, carreteras. El Puma Katari con su -florero- conductora de pollera. La “promoción” de los Mypes. Debatir, entonces, sobre el objeto de la publicidad o la propaganda es inútil. En esta confusión, la “prohibición” y los “criterios” de las autoridades aludidas se los advierte como medidas inconstitucionales, los cuales no son necesarios, dado el “blindaje” del candidato Evo. Pero como más fácil es estigmatizar, ello es propuesto. Lo cierto es que las autoridades deben advertir que los medios -sólo- difunden actitudes/mensajes de candidatos eclécticos que en una posición oportunista se acomodan/asumen poses de izquierda/derecha.

Entonces, el arrogarse “otorgar” estos “servicios” de difusión de mensajes electoral gubernamental a los medios “fusibles” al Gobierno es innecesario, pues vulneraría nuevamente la CPE. Es más un acto irregular (llunku). El candidato Evo Morales no debe temer al soberano, éste Es/Sabrá/Decidirá/Hará lo que sea conveniente respecto a la aceptación/rechazo de su candidato. Para ello la persuasión es importante y para esto la creatividad/honestidad/objetividad de las propuestas electorales en la PP es crucial. Por ello, reitero, favorecer a los medios “fusibles” al Gobierno es insulso; ¿acaso los medios, tildados de “desafinados” oficiales no son parte del Estado plurinacional?

En consecuencia, la titular de Comunicación debe interesarse en que la PP es financiada con recursos del TGN, que son de los contribuyentes, y entre éstos hay oficialistas y opositores -bolivianos todos-. De acuerdo con la CPE todos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Este distingo y estigma para favorecer con los servicios con -lo que llama el Gobierno- “publicidad” va en contra de la Ley 045. El soberano tiene el derecho a acceder a la PP por el medio de su “preferencia”. En concreto, Evo no debe permitir qué el “llunkerío” insufle hastío/rechazo/abstención. De admitirse estas propuestas sería -consolidar- otro “flaco” favor en desmedro del candidato Evo. Los “llunkus” desde hace mucho no se ubican en contexto y generan problemas al “proceso”.

El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).