Pedidos para aumento de sueldos

A principios de cada gestión, el Gobierno de turno, al formular el Presupuesto General de la Nación, incluye porcentajes de aumento de sueldos al sector público, conforme a los índices inflacionarios de la gestión pasada. Ese incremento se hace tanto en el sueldo mínimo nacional como lo que corresponde en las planillas a partir del primer mes del año.

Conforme a disposiciones del Decreto Supremo 21.060, vigente plenamente, el incremento que dispone el Gobierno es para la burocracia del sector público, y la ley económica que rige en la economía nacional que es de libre mercado y libre empresa, dispone que el sector privado deberá aumentar sueldos y salarios a su personal, con base en lo dispuesto para el sector público, conforme a conversaciones y posibilidades.

Los empresarios privados han actuado de acuerdo con esa especie de regla y, en algunos casos, se lo hizo en porcentajes mayores; en otros, conversando con los interesados o con los sindicatos, se ha realizado incrementos menores o han tenido convenios especiales. En otras palabras, la disposición para lo público sólo fue referencial y no obligación para el sector privado; de otro modo, decretar un incremento general de sueldos y salarios -como en los tiempos de la UDP- implicaría desencadenar un proceso hiperinflacionario que, forzosamente, se quiera paliar con aumentos salariales por decreto.

La COB, año tras año, acude a las oficinas del Ministerio de Trabajo para “lograr acuerdos generales para el sector privado”, dicen sus dirigentes, en la misma forma que para el sector público. Ello no puede ser evidente y si la COB o los sindicatos intervienen será por casos y no buscar la imposición de un porcentaje con carácter general.

El actual Gobierno, al igual que sus antecesores, sabe que la situación económico-financiera de cada empresa, sea grande, mediana o pequeña, no es igual; que su economía adolece de dificultades conforme al movimiento del mercado de oferta y demanda; consecuentemente, sus trabajadores conocen también cuál es la situación real de la empresa. Imponer un mismo porcentaje para todos sería contraproducente y para muchas empresas algo difícil de cumplir.

Que el costo de vida ha subido en proporciones increíbles desde el mes de diciembre debido especialmente al “doble aguinaldo”, es evidente; que anteriores medidas han implicado aumento de precios -como en el caso del frustrado “gasolinazo” de hace dos años-, también; que los comerciantes venden su mercadería “en base a la cotización del dólar” (un dólar que no ha subido) aunque la cotización sea la misma, también es evidente. Hay muchas razones que se esgrime para aumentar precios en lo que se usa y consume; por ello mismo, no corresponde hacer incrementos generales de sueldos sino los que sean efecto de conversaciones y conforme a la situación empresarial.